Ciudad de México.- Un grupo de abogados y familiares de presuntos integrantes de cárteles acusó este lunes al gobierno de México de violar la ley al enviar a casi un centenar de ciudadanos mexicanos a Estados Unidos sin que mediara una orden formal de extradición, lo que —aseguran— vulnera el debido proceso.
Las acusaciones surgen a menos de una semana de que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum trasladara a 37 personas detenidas a territorio estadounidense. Analistas han señalado que estos envíos se dieron en un contexto de creciente presión por parte del gobierno del presidente Donald Trump, quien ha amenazado con emprender acciones directas contra los cárteles mexicanos. Para el gobierno mexicano, las entregas fueron legales y se realizaron por razones de seguridad nacional; Washington, por su parte, sostiene que los detenidos eran buscados por delitos cometidos en Estados Unidos y que varios contaban con solicitudes de extradición pendientes.
Durante una conferencia de prensa, abogados defensores afirmaron que a sus clientes se les negó el debido proceso, al ser trasladados sin seguir el procedimiento de extradición, el cual implica un largo trámite judicial en México. “México hoy se encuentra presentando una fuerte presión en materia de seguridad y cooperación con Estados Unidos”, señaló la abogada Yarey Sánchez Lagunas, representante legal de dos personas enviadas a Estados Unidos en el último año. “Esto nos obliga a preguntarnos con seriedad si estas decisiones buscan mostrar resultados políticos, aun cuando implique sacrificar el debido proceso”.
Sánchez Lagunas es defensora de Itiel Palacios García, presunto alto mando del Cártel Jalisco Nueva Generación, enviado a Estados Unidos en febrero pasado, así como de Pablo Edwin Huerta Nuño, integrante del cártel de los Arellano Félix, trasladado en agosto. Los argumentos, dijo, son similares a los que en su momento presentaron los abogados de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
La polémica escaló luego de que Vanesa Guzmán, pareja de Juan Pedro Saldívar Farías —presunto líder regional del cártel de Los Zetas— interpusiera una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra altos funcionarios federales, entre ellos el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Saldívar Farías fue enviado a Estados Unidos la semana pasada y enfrenta cargos por tráfico de drogas y armas. En su denuncia, Guzmán acusó a los funcionarios de “traición a la patria” y calificó el traslado como un “destierro”. “Al día de hoy no sabemos de él. No ha hecho ni siquiera su llamada legal permitida”, afirmó.
En contraste, Mike Vigil, exdirector de operaciones internacionales de la DEA, minimizó las quejas legales y respaldó la actuación del gobierno mexicano. Aseguró que la Constitución faculta al Ejecutivo a tomar decisiones de este tipo para proteger la seguridad nacional y criticó que los procesos de extradición suelen prolongarse durante años por recursos legales interpuestos por las defensas. Vigil también rechazó el argumento de que los detenidos no representaban una amenaza por estar presos en México, al señalar que con frecuencia continúan operando desde centros penitenciarios.
“Estas vías rápidas son sumamente valiosas para garantizar que enfrenten la justicia”, afirmó Vigil, al destacar que la medida también fortalece la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos.
