De la redacción
El Buen Tono
La intervención estadounidense del 3 de enero de 2026 marcó un punto de inflexión histórico en las relaciones entre Washington y Caracas, al reconfigurar el control y destino de los recursos estratégicos de Venezuela, especialmente el petróleo.
De acuerdo con una reseña del diario ABC de España, la Casa Blanca designó a Marco Rubio como el principal arquitecto y supervisor de la estrategia sobre los activos venezolanos en el exterior. Este movimiento se dio tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos federales relacionados con narcotráfico y terrorismo, según reportes históricos del caso.
Desde entonces, la administración del presidente Donald Trump ha impulsado una política orientada a asegurar los ingresos petroleros venezolanos como eje central para apoyar una transición política y económica, integrando a empresas extranjeras y aliados internacionales en un plan de estabilización.
Tras la detención de Maduro, Trump afirmó que Estados Unidos supervisará el uso de los ingresos provenientes del petróleo venezolano y que el crudo será vendido en el mercado abierto. Posteriormente, Marco Rubio explicó ante legisladores que el plan contempla procesar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo en refinerías internacionales, utilizar esos fondos para atender necesidades humanitarias y facilitar una transición política, además de permitir la entrada y operación de empresas estadounidenses y occidentales en la industria energética venezolana.
Rubio defendió esta estrategia como parte de un plan de tres fases: estabilización inicial, apertura controlada a empresas extranjeras y, finalmente, una transición política más amplia dentro del país sudamericano.
Las declaraciones iniciales de Trump generaron confusión al señalar que Estados Unidos estaba dispuesto a “dirigir” Venezuela hasta que se concretara una transición segura. Sin embargo, Rubio aclaró que Washington no busca gobernar el país en términos administrativos, sino ejercer presión a través de una cuarentena petrolera y sanciones, con el objetivo de influir en cambios políticos. Esta cuarentena incluye la supervisión de ciertos ingresos petroleros, sin implicar un control total del aparato estatal.
En el ámbito interno venezolano, tras la captura de Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia designó a Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva, como presidenta encargada para garantizar la continuidad del Estado conforme a la Constitución. Rodríguez ha rechazado que Estados Unidos gobierne Venezuela, aunque ha manifestado disposición a cooperar en temas que contribuyan a la estabilidad económica y política.
Como secretario de Estado, Marco Rubio coordina directamente las acciones diplomáticas y las negociaciones económicas relacionadas con Venezuela. Su papel ha sido clave en el enfoque hacia la industria energética, el diálogo con empresas globales interesadas en invertir en infraestructura petrolera y la presión internacional para evitar retrocesos en las reformas necesarias para un entorno competitivo.
La estrategia de la administración Trump plantea que los ingresos derivados del petróleo venezolano se destinen a cubrir necesidades humanitarias, financiar proyectos de reconstrucción y respaldar el proceso de transición política, con el objetivo declarado de beneficiar al pueblo venezolano y, al mismo tiempo, impulsar reformas estructurales en el país.
