AGENCIA
Pachuca, Hgo.- Mientras miles de familias en Hidalgo continúan enfrentando rezagos por desastres naturales y carencias en servicios básicos, el gobierno estatal encabezado por Julio Menchaca Salazar destinó 4.6 millones de pesos a la compra de pastes, tlacoyos, tamales y bebidas para eventos oficiales, una decisión que ha generado fuertes cuestionamientos por el uso de recursos públicos.
El gasto corresponde a un contrato por “Servicio de Alimentos” para actos protocolarios del Poder Ejecutivo, cuyo monto equivale al 90 por ciento (%) del presupuesto asignado en 2025 a medicinas y productos farmacéuticos en el estado. La comparación resulta aún más sensible si se considera que esa misma cantidad habría permitido otorgar alrededor de 300 apoyos económicos a familias afectadas por la vaguada monzónica de octubre, fenómeno que dejó más de 2 mil 600 viviendas dañadas o en zonas de riesgo en al menos 28 municipios.
La contratación se realizó en el contexto de los informes regionales del tercer año de gobierno de Menchaca, realizados en Huejutla, Tula, Pachuca e Ixmiquilpan. Sin embargo, en la documentación oficial no se precisa en qué eventos específicos se distribuyeron los alimentos ni cómo se justificó el número de beneficiarios, estimado en 17 mil personas.
El anexo técnico del contrato detalla que el menú debía incluir pastes dulces y salados, tlacoyos en salsa verde, tortas, café de olla y aguas frescas, además de carpas, mesas, mantelería y personal para la atención. Todo ello fue contratado por un monto superior a los 4.6 millones de pesos, incluyendo insumos desechables y logística.
Llama la atención que en el proceso de licitación solo se presentó un proveedor, quien además no realizó cuestionamientos durante la junta de aclaraciones. Dos días después, su propuesta fue aceptada y el contrato adjudicado de manera directa, sin competencia real, lo que incrementa las dudas sobre la transparencia del procedimiento.
El servicio fue solicitado por la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo, en coordinación con áreas de operación institucional y relaciones públicas, lo que refuerza la percepción de que se trató de un gasto orientado a la imagen gubernamental más que a atender necesidades prioritarias de la población.
Mientras tanto, comunidades enteras continúan esperando apoyos para reconstruir viviendas, recuperar patrimonio o acceder a servicios de salud, en un contexto donde el propio presupuesto estatal reconoce limitaciones financieras. El contraste entre el dispendio en alimentos para actos oficiales y la escasez de recursos para atender emergencias sociales vuelve a poner en entredicho las prioridades del gobierno estatal.
El caso exhibe una vez más la distancia entre el discurso de austeridad y la práctica cotidiana del ejercicio público, en un estado donde miles de personas siguen esperando respuestas concretas y no banquetes financiados con recursos públicos.
