AGENCIA
San Cristóbal de las Casas.- En el sur de México, la identidad se ha convertido en un producto más del mercado negro. En Chiapas, particularmente en municipios cercanos a la frontera con Guatemala, se ha consolidado una red ilegal dedicada a la venta de actas de nacimiento y matrimonio, documentos oficiales que permiten a migrantes extranjeros acceder a derechos, trámites y beneficios reservados para ciudadanos mexicanos.
El precio no es menor: Entre mil 500 y 2 mil 500 dólares por un acta. Los principales compradores son migrantes cubanos y haitianos que buscan regularizar su estancia o evitar la deportación, de acuerdo con testimonios de activistas y autoridades que han seguido de cerca el fenómeno.
José Luis Abarca, defensor de los derechos de los migrantes, advierte que el negocio creció de forma alarmante tras el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos. Muchos extranjeros que perdieron su estatus legal buscan regresar a México con documentos nacionales, lo que les permite solicitar protección consular, reunificación familiar o incluso tramitar pasaporte mexicano.
Lo más grave es que las actas no son falsificaciones burdas. Se trata de documentos expedidos desde oficinas del Registro Civil, registrados en el Sistema Integral de Impresión de Actas y con CURP certificada, lo que les otorga apariencia de total legalidad. Sin embargo, presentan anomalías clave, como la ausencia de anotaciones marginales o números oficiales de registro de nacimiento.
El mecanismo es sencillo y lucrativo. Las actas se tramitan en municipios de la región fronteriza de Chiapas, se envían por mensajería a Estados Unidos y se utilizan para solicitar pasaportes mexicanos en consulados. Con ese documento, los migrantes evitan ser deportados a sus países de origen y obtienen una nueva identidad jurídica.
Abarca señala que el documento más solicitado es el acta de matrimonio, ya que permite iniciar trámites de residencia temporal, permanente o incluso naturalización. En algunos países, como Cuba, la venta de este tipo de documentos se ha promovido como una vía para salir de la crisis migratoria.
El negocio opera con tal impunidad que incluso funcionarios del Registro Civil han sido presionados para participar. En algunos municipios indígenas, trabajadores renunciaron tras negarse a colaborar con la red de expedición ilegal de actas.
Uno de los casos más visibles ocurrió en Tapachula, donde autoridades desmantelaron un cibercafé ubicado frente a las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Ahí, dos hombres se hacían pasar por abogados y ofrecían trámites migratorios a extranjeros por sumas que iban de los 2 mil 500 a los 5 mil pesos, prometiendo resolver su situación legal ante la Comar o el Instituto Nacional de Migración. Ambos desaparecieron tras el operativo.
Fue también en Tapachula donde se detectó que cinco ciudadanos cubanos habían presentado actas de nacimiento mexicanas para tramitar pasaportes en el Consulado de México en Houston, lo que encendió las alertas sobre la operación de esta red.
El 12 de enero, la Dirección General del Registro Civil presentó una denuncia ante la Fiscalía de Chiapas contra tres funcionarios del municipio de Tzimol, luego de que se descubriera que habían registrado como mexicano a un ciudadano iraquí. Días después, el fiscal general del estado confirmó la apertura de una carpeta de investigación contra personal del área de Sistemas del Registro Civil, presuntamente vinculado con redes de tráfico de personas.
Las indagatorias revelaron que estos funcionarios tenían acceso directo a las plataformas oficiales y facilitaban la creación de identidades falsas, un delito que no solo afecta al sistema registral mexicano, sino que pone en riesgo la seguridad nacional.
El problema no se limita al territorio nacional. En Filipinas, la embajada de México detectó un caso en el que una persona nacida en China presentó un acta mexicana supuestamente expedida en Oaxaca para solicitar un pasaporte de emergencia. La documentación era falsa, pero estaba lo suficientemente bien elaborada como para pasar filtros iniciales.
Aunque el Registro Civil de Chiapas aseguró que una auditoría interna no detectó irregularidades mayores, reconoció la activación de protocolos de revisión ante la magnitud del problema.
Para defensores de derechos humanos, el caso exhibe una realidad incómoda: el fenómeno migratorio se ha convertido en un negocio que involucra no solo a coyotes y traficantes, sino también a funcionarios públicos.
“El negocio ya no es solo cruzar personas, ahora es vender identidades. Y eso es aún más grave”, advierte Abarca.
Mientras tanto, las redes continúan operando, aprovechando la desesperación de miles de migrantes y la debilidad institucional, en un país donde un documento oficial puede comprarse al mejor postor.
