AGENCIA
Nacional.- La presidenta Claudia Sheinbaum defendió el dictamen presentado por la Fiscalía General de la República sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido en Oaxaca, al señalar que se trata de un análisis basado en pruebas científicas y no en especulaciones. Asimismo, sostuvo que deberá elaborarse un segundo informe para cerrar de manera definitiva la investigación.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria confirmó que las dos personas detenidas por su presunta responsabilidad en el accidente son el conductor y el supervisor del tren, y reiteró que el servicio de pasajeros no se reanudará hasta que existan condiciones plenas de seguridad y una certificación internacional que lo avale.
Sheinbaum afirmó que el primer dictamen elaborado por la FGR se sustenta en la información obtenida de la llamada Caja Negra, la cual permitió establecer que el tren circulaba a exceso de velocidad al momento del siniestro. Añadió que el objetivo es que la población conozca con claridad las conclusiones técnicas del caso.
“Lo importante es que se escuche lo que dice la fiscal, que el dictamen se basa en una prueba científica, que es la Caja Negra”, expresó.
La presidenta indicó que será necesario un segundo dictamen para cerrar formalmente la investigación y deslindar responsabilidades de manera definitiva.
En este contexto, se confirmó la detención de Ricardo M. C., trabajador del Tren Interoceánico, quien fue asegurado por agentes de la Policía Federal Ministerial en el centro de Coatzacoalcos y trasladado al Centro de Justicia Penal Federal en Cintalapa, Chiapas, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.
Su arresto se suma al de Felipe de Jesús D. G., otro de los presuntos implicados en el descarrilamiento ocurrido el pasado 28 de diciembre en el Istmo de Tehuantepec, accidente que dejó un saldo de 14 personas fallecidas.
De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Felipe de Jesús D. G. fue capturado en Palenque, Chiapas, y quedó bajo custodia de la Fiscalía General de la República en Tuxtla Gutiérrez, donde se prevé que sea imputado por el delito de homicidio culposo.
Durante una conferencia previa, la fiscal general Ernestina Godoy explicó que los primeros peritajes revelaron que el tren circulaba por encima de los límites permitidos. Detalló que en tramos rectos alcanzó velocidades de hasta 111 kilómetros por hora, cuando el máximo autorizado era de 70.
Asimismo, señaló que al ingresar a la curva donde ocurrió el descarrilamiento, el convoy se desplazaba a 65 kilómetros por hora, pese a que el límite establecido era de 50, lo que representó un exceso de 15 kilómetros por hora.
Godoy subrayó que el exceso de velocidad en un tren implica un riesgo considerablemente mayor que en un vehículo convencional, debido al peso, la longitud del convoy y las condiciones de la vía, factores que habrían sido determinantes en el accidente.
