AGENCIA
Perote.- Una “ola” de robos de vehículos con violencia registrada desde mediados de 2025 en el municipio de Perote y zonas aledañas ha generado alarma entre habitantes de la región, luego de que al menos 30 denuncias formales hayan sido presentadas ante la Fiscalía General del Estado, sin que hasta ahora se reporten avances significativos en las investigaciones.
De acuerdo con testimonios de las propias víctimas, la cifra real de unidades robadas podría superar las 70 u 80, principalmente camionetas de trabajo utilizadas para actividades comerciales. Los afectados aseguran que, pese a la cantidad de denuncias y a la existencia de pruebas, los casos permanecen prácticamente congelados.
Las personas afectadas señalan directamente a la Fiscalía como responsable del estancamiento de las carpetas de investigación. Aseguran que la agente del Ministerio Público encargada, Lorena Guadarrama Cotero, ha argumentado que no es posible judicializar los casos debido a la falta de flagrancia o a que las pruebas no acreditan de forma directa el delito, aun cuando existen videos, fotografías e identificaciones de los presuntos responsables.
“Nos dicen que no procede porque no los agarraron en flagrancia, aunque están identificados en videos y fotografías. Parece que necesitan ver el momento exacto del robo para hacer algo”, relató una de las víctimas, quien pidió omitir su nombre por temor a represalias.
Las denuncias comenzaron a multiplicarse a partir de junio de 2025, cuando habitantes detectaron un patrón en los robos y la presunta participación de personas ya conocidas por este tipo de delitos. De acuerdo con varios testimonios, el repunte coincidió con la liberación de un sujeto que había estado preso en Tehuacán, Puebla, por robo de vehículos.
“Desde que regresó empezaron otra vez los robos. Todos sabemos quiénes son, pero no pasa nada”, afirmó otro afectado.
Aunque entre 20 y 25 personas acudieron juntas a presentar denuncias, los propios ciudadanos aseguran que muchas víctimas no han denunciado por miedo o desconfianza en las autoridades. “Oficialmente somos como 30, pero sabemos que son muchos más, quizá hasta 80 vehículos robados”, indicaron.
Las unidades más afectadas son camionetas de trabajo, principalmente modelos Nissan NP300 y vehículos Toyota, utilizados para actividades comerciales. El modo de operar es similar en todos los casos: las víctimas son interceptadas cuando se estacionan o descienden del vehículo, y son obligadas a entregarlo bajo amenazas con armas de fuego.
“Te bajan apuntándote, no te da tiempo ni de reaccionar. Ha pasado con hombres y mujeres por igual”, narró uno de los denunciantes.
Las víctimas aseguran que se trata de una banda con operación en Veracruz y vínculos en el estado de Puebla. Aunque reconocen que recientemente hubo detenciones, señalan que estas no corresponden a los robos denunciados.
De acuerdo con información oficial, Edwin “N”, Edgar “N” y Saúl Antonio “N” fueron vinculados a proceso por delitos contra las instituciones de seguridad pública y contra la salud, dentro del proceso penal 20/2026, con prisión preventiva justificada. Sin embargo, los afectados aseguran que ninguno de ellos fue detenido específicamente por el robo de vehículos.
“Los agarraron por drogas y armas, pero no por los robos. Y los que aparecen en los videos siguen libres”, afirmaron.
Incluso, señalan que al menos dos presuntos implicados continúan en libertad pese a estar plenamente identificados en grabaciones de cámaras de seguridad. En uno de los casos, las víctimas entregaron videos donde se observan amenazas directas, pero la Fiscalía habría rechazado proceder al argumentar que no se aprecia con claridad el momento del despojo.
“Nos dijeron que como no se ve el arma apuntando, no se puede hacer nada. Entonces uno se pregunta si quieren que nos maten para actuar”, relató un afectado.
Las quejas ya han llegado a redes sociales institucionales, donde ciudadanos han acusado omisión, lentitud y falta de voluntad para judicializar los casos. De manera extraoficial, se estima que el monto de lo robado asciende a varios millones de pesos, al tratarse de vehículos con valores cercanos a los 500 mil pesos.
Además, los denunciantes aseguran que existe información sobre bodegas donde serían ocultadas las unidades robadas y pagos por cada vehículo entregado, aunque estas versiones aún no han sido confirmadas por las autoridades.
Mientras tanto, las víctimas continúan esperando justicia, en un contexto de creciente inseguridad y desconfianza hacia las instituciones encargadas de investigar los delitos.
