De la Redacción
El Buen Tono
Xalapa.- La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, dejó claro que su administración no permitirá abusos ni incrementos ilegales en el transporte público, al advertir que los concesionarios que impongan aumentos unilaterales podrían perder sus concesiones, al tratarse de permisos otorgados por el Estado.
La mandataria fue contundente al precisar que el ajuste a la tarifa del transporte urbano fue autorizado únicamente en Xalapa, donde el pasaje pasó de 9 a 12 pesos y la tarifa preferencial de 6 a 7 pesos, luego de que concesionarios de la capital presentaron una corrida financiera que acreditó dificultades para cubrir salarios, combustible y mantenimiento de las unidades.
“El aumento fue sólo en Xalapa, nada más en Xalapa. En otras demarcaciones no hay autorización”, subrayó Nahle, al tiempo que instruyó a Transporte Público y Tránsito del Estado a actuar de inmediato contra cualquier exceso para proteger a la ciudadanía.
Pese a esta postura clara del Gobierno del Estado, en municipios como Córdoba, concesionarios encabezados por Mario Olvera, Toribio y el diputado Juan Tress han sido señalados por ignorar la instrucción de la gobernadora, imponiendo cobros ilegales, suspendiendo rutas de manera deliberada y utilizando la intimidación como mecanismo de presión contra usuarios y pobladores. En Córdoba, la tarifa oficial se mantiene en 9 pesos, mientras que estudiantes y personas adultas mayores pagan 10 pesos, sin que exista autorización alguna para incrementos.
No obstante, usuarios han denunciado que estas empresas exigen pagos de 12 y hasta 13 pesos, bajan a quienes se niegan a pagar y retiran unidades de circulación para forzar el tarifazo.
Nahle fue enfática al señalar que las concesiones las otorga el Estado y el Estado también puede retirarlas, por lo que advirtió que no habrá tolerancia para quienes se “pasen de la raya”.
Mientras el Gobierno del Estado avanza en estudios de movilidad y en la posible modernización del transporte, incluso con modelos tipo Ulúa, concesionarios como Olvera, Toribio y Juan Tress quedan exhibidos por actuar al margen de la ley, confrontando directamente la política de orden y justicia que impulsa la administración estatal.
