AGENCIA
Nacional.- La renuncia de Claudio Azul Bañuelos Jurado, juez penal de apenas 24 años de edad, reavivó un debate nacional sobre los criterios con los que se está seleccionando a quienes hoy imparten justicia en México, particularmente tras la reforma que abrió la puerta a la elección de jueces mediante voto popular. Más allá del caso individual, el episodio expuso fallas estructurales en un modelo que privilegia la popularidad y la narrativa de “renovación” por encima de la preparación técnica, la experiencia y la madurez jurídica.
Bañuelos Jurado, originario de Aguascalientes, fue presentado como símbolo de la democratización del Poder Judicial y de la apertura a nuevas generaciones. Egresado de la carrera de Derecho por la Escuela Bancaria y Comercial, llegó al cargo de Juez de Control y Juicio Oral Penal tras participar en la jornada electoral del 1 de junio de 2025, formando parte de la primera “ola” de juzgadores electos por la ciudadanía. Su nombramiento no estuvo exento de controversia, pues inicialmente fue considerado inelegible al no cumplir con la antigüedad mínima de su cédula profesional, expedida apenas en 2024. Sin embargo, tras una impugnación, se le permitió asumir el cargo bajo el argumento de que había superado las evaluaciones de idoneidad del proceso.
La narrativa de éxito se derrumbó pocos meses después, cuando durante una audiencia de control cometió un error que rápidamente se viralizó: Dictó un auto de vinculación a proceso contra la víctima de un fraude, en lugar de hacerlo contra el imputado. Aunque la resolución fue corregida de inmediato tras la intervención de la defensa, el daño ya estaba hecho. El video de la audiencia evidenció una confusión inadmisible en una etapa clave del procedimiento penal.
El error no fue menor. Especialistas en derecho penal advirtieron que una equivocación de este tipo puede derivar en violaciones a derechos humanos, nulidades procesales, afectaciones a la libertad personal y daños irreparables, especialmente cuando se compromete la protección de las víctimas. Que una falla tan básica ocurra en un juzgado penal encendió alertas sobre los riesgos reales que implica colocar en estos cargos a perfiles con escasa experiencia práctica.
La renuncia de Bañuelos Jurado ocurrió en medio de una fuerte presión pública y cuestionamientos sobre su actuación. Para críticos de la reforma judicial, el caso se convirtió en un ejemplo claro de los peligros de someter cargos altamente técnicos a dinámicas electorales, donde el carisma, la edad o el discurso pueden pesar más que la trayectoria profesional y el dominio del sistema jurídico.
Más allá de la persona, el episodio deja una pregunta incómoda: ¿Está el método actual garantizando jueces capaces de proteger el debido proceso y la seguridad jurídica, o está convirtiendo la impartición de justicia en un experimento político? El caso del juez más joven de México sugiere que la elección por voto popular, sin filtros más estrictos de experiencia y capacitación, puede terminar trasladando los costos de la improvisación directamente a las víctimas y a la sociedad.
¡Por eso en muchos puestos se necesita gente con experiencia y sentido común! Decía AMLO que no se necesitaba ser profesionista. ¡Los jueces de Morena!
