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De la redacción
El Buen Tono

En menos de una semana, el gobierno de México desplegó casi 2 mil 800 elementos del Ejército, Guardia Nacional, fuerzas especiales y personal ministerial en Sinaloa, como respuesta a la desaparición de 10 mineros y al ataque armado contra dos diputados opositores de Movimiento Ciudadano.

El gobernador Rubén Rocha Moya informó que este domingo se sumaron mil 190 efectivos adicionales para intensificar la búsqueda de los trabajadores, quienes fueron reportados como desaparecidos el pasado 23 de enero en el municipio de Concordia.

De acuerdo con el mandatario estatal, el operativo incluye 800 soldados del Ejército, 270 integrantes de Fuerzas Especiales, 100 elementos de la Guardia Nacional y 20 ministeriales. Además, se incorporaron tres helicópteros artillados y dos aviones militares de ataque ligero tipo T-6C Texan para reforzar la vigilancia aérea.

El despliegue fue ordenado por instrucciones de la presidenta de México y del secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla, con el objetivo de fortalecer las labores de búsqueda y contención en la zona.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que el gobierno federal “no va a parar” hasta localizar a los mineros. Según los primeros reportes, los trabajadores pertenecen a la empresa canadiense Vizsla Silver y habrían sido privados de la libertad por un comando armado.

La compañía confirmó la desaparición y anunció la suspensión temporal de algunas actividades como medida preventiva, mientras avanzan las investigaciones. Hasta el momento, las autoridades indicaron que no existían denuncias de amenazas previas.

El refuerzo de seguridad también se da luego del ataque a tiros contra los diputados de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Montoya y Sergio Torres. El dirigente del partido, Jorge Álvarez Máynez, informó que Torres se mantiene delicado de salud, mientras que Montoya perdió un ojo a causa de las lesiones.

Autoridades han vinculado esta agresión a células del crimen organizado que se disputan el control territorial en la entidad.

Los hechos se desarrollan en medio de un contexto nacional marcado por más de 133 mil personas desaparecidas y en un estado clave para la actividad minera, lo que ha elevado la preocupación por la seguridad de trabajadores, funcionarios y habitantes de la región.

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