De la redacción
El Buen Tono
CÓRDOBA.- Pese a la bandera de “no mentir, no robar y no traicionar” que abandera la Cuarta Transformación, la delegación regional de la Secretaría de Bienestar en Córdoba se ha convertido en un refugio de prácticas que contradicen el discurso oficial. Óscar Carmona Oropeza, delegado regional, ha sido señalado directamente por mantener una nómina de “aviadores”, otorgando salarios íntegros a personas que jamás se presentan a laborar, dejando en el aire si estos privilegios responden a vínculos familiares, compromisos políticos o afectivos.
Un ejemplo tangible de este esquema es María del Rayo Bernardette Hernández Serrano, quien durante meses ha percibido un salario de 16 mil 059 pesos brutos —12 mil 847.20 pesos netos— sin cumplir funciones en la oficina. Esta situación no sólo evidencia la tolerancia de Carmona Oropeza hacia los cobros injustificados, sino que se suma a un historial de irregularidades: apenas en 2025, el funcionario fue acusado de acoso laboral y de inflar la nómina con personal fantasma.
A pesar de la gravedad de los señalamientos, el delegado federal de Bienestar, Juan Javier Gómez Cazarín, ha mantenido un silencio cómplice, omitiendo cualquier intervención o auditoría interna. Esta falta de acción ha sido interpretada por los trabajadores de la dependencia como un “cheque en blanco” para la impunidad.
Bajo la sombra de Josué Corona Vela, encargado de Recursos Humanos y señalado por amedrentar al personal que cuestiona estas prácticas, la delegación opera hoy bajo un cuestionamiento total. Mientras el discurso oficial habla de austeridad y honestidad, en Córdoba la realidad es otra: una red de protección política que asegura que, al menos por ahora, nada cambie.
