AGENCIA
Concordia, Sinaloa.- La desaparición de al menos 14 personas, entre ellas ingenieros y trabajadores vinculados a la actividad minera, detonó un operativo de gran escala en el sur de Sinaloa. Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, a partir de este domingo 1 de febrero se reforzó el despliegue de fuerzas federales y estatales en el municipio de Concordia, donde se reportó el secuestro múltiple ocurrido el pasado 23 de enero de 2026.
Inicialmente, el caso fue reportado como la desaparición de 10 mineros; sin embargo, conforme avanzaron las investigaciones y los reportes de familiares y organizaciones civiles, se confirmó que el número de personas privadas de la libertad asciende a 14. Todas ellas fueron levantadas por un grupo armado cuando se encontraban en una parada de camiones sobre la carretera Villa Unión-Durango, a las afueras de Concordia, a unos 40 minutos del puerto de Mazatlán.
Entre las víctimas se encuentra Pablo Osorio Sánchez, ingeniero civil de 26 años, originario de Tlaxiaco, Oaxaca, quien realizaba su residencia profesional en la empresa CICAR S.A. de C.V. Su familia, acompañada por activistas del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), solicitó la intervención urgente de la Organización de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante el temor de que el caso quede impune y sin resultados concretos.
De acuerdo con la información recabada, el grupo de desaparecidos está conformado por trabajadores de las empresas CICAR y de la minera canadiense Vizsla Silver Corp., además de personal encargado de la seguridad privada. Los hechos fueron denunciados públicamente el 28 de enero por la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, que expresó su preocupación por la privación ilegal de la libertad de profesionales del sector minero en la región.
Entre las personas no localizadas se encuentran José Ángel Hernández Vélez, de 38 años; Francisco Antonio Esparza Yáñez, de 65; José Manuel Castañeda Hernández, de 35; Saúl Alberto Ochoa Pérez, de 35; Antonio de la O Valdez, de 30; e Ignacio Aurelio Salazar Flores, de 37 años. Asimismo, figuran los proveedores de seguridad José Antonio Jiménez Nevárez, Javier Emilio Valdez Valenzuela, Javier Guillermo Vargas Valle y Miguel Tapia Rayón, todos con edades entre los 32 y 40 años.
La empresa Vizsla Silver confirmó el mismo 28 de enero que una decena de personas vinculadas a sus operaciones fueron secuestradas, señalando que se trata de un asunto bajo investigación y que algunas actividades en el sitio fueron suspendidas. La compañía informó que notificó a las autoridades locales y activó sus protocolos de gestión de crisis y seguridad.
El caso adquiere mayor relevancia debido a la magnitud de los intereses económicos en la zona. A inicios de diciembre de 2025, el gobierno de Sinaloa anunció el Proyecto Pánuco en Concordia, desarrollado por Vizsla Silver, con un financiamiento de 300 millones de pesos. Según datos oficiales, entre 2021 y 2025 la empresa ha invertido más de 250 millones de dólares en exploración minera, generando alrededor de 230 empleos directos e indirectos.
En un contexto de creciente violencia, el mismo 28 de enero los diputados de Movimiento Ciudadano Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda fueron atacados a balazos en Culiacán, resultando herido un escolta. Hasta el momento no se reportan personas detenidas por este atentado, únicamente el aseguramiento de un vehículo presuntamente relacionado con el ataque.
Ante este panorama, el gobernador Rubén Rocha Moya informó que el operativo de búsqueda en Concordia fue reforzado con un total de mil 190 efectivos. El despliegue incluye 800 elementos del Ejército Mexicano, 270 efectivos de Fuerzas Especiales, 100 integrantes de la Guardia Nacional y 20 agentes ministeriales, además del apoyo aéreo de tres helicópteros artillados y dos aeronaves T6C Texan.
A más de una semana de los hechos, las familias continúan exigiendo resultados y la localización con vida de las personas desaparecidas, mientras el caso expone nuevamente la fragilidad de la seguridad en zonas estratégicas para la actividad minera y el persistente riesgo que enfrentan trabajadores y profesionistas en regiones controladas por grupos armados.
