AGENCIA
CDMX.- Mientras los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación insisten en defender una supuesta “austeridad republicana”, los hechos documentados en los contratos del Poder Judicial de la Federación (PJF) exhiben una realidad muy distinta: Más de 268 millones de pesos destinados a la compra de camionetas híbridas, vehículos último modelo y unidades de lujo, mediante adjudicaciones directas que beneficiaron a un reducido grupo de empresarios.
El gasto se concretó el 26 de diciembre de 2025, apenas dos semanas después de que la propia Suprema Corte solicitara la autorización para erogar más de 22 millones de pesos en la compra directa de camionetas blindadas para uso de los ministros. Aunque estas unidades finalmente no serán utilizadas, el episodio abrió la puerta a un escándalo mayor por la opacidad y el nivel de dispendio en las adquisiciones del órgano judicial.
Tras varios días de críticas públicas, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) del PJF dio a conocer los contratos mediante los cuales adjudicó directamente la compra de vehículos de las marcas BYD, Mazda y Nissan. La documentación oficial revela que el OAJ ejerció exactamente el monto disponible para estas adquisiciones: 268 millones 261 mil 996.91 pesos, sin margen ni ahorro alguno, lo que refuerza las dudas sobre la lógica de “gastar todo” antes de cerrar el ejercicio fiscal.
Uno de los contratos más llamativos fue el otorgado a Vehículos Japoneses, SA de CV, por 21 millones 432 mil 999.95 pesos, casi la misma cantidad que costaron las nueve camionetas blindadas destinadas originalmente a los ministros. Con ese monto se adquirieron 70 vehículos Mazda 2 modelo 2026, todos nuevos de fábrica, para uso del personal del Poder Judicial.
El contrato de mayor cuantía fue adjudicado a Jidosha Internacional, SA de CV, por 176 millones 865 mil 296.96 pesos, para la compra de 357 vehículos Nissan, entre ellos automóviles Versa automáticos, camionetas Frontier y unidades Urvan para transporte de pasajeros y carga. Los accionistas de esta empresa, René Antonio Becerra Monroy y Eugenio Santiago Clariond Reyes, aparecen nuevamente como beneficiarios indirectos en otra adjudicación millonaria del propio PJF.
Se trata del contrato para la compra de 124 vehículos híbridos de la marca china BYD, asignado a Evolución Automotriz, SA de CV, por 69 millones 963 mil 700 pesos. Este contrato resulta especialmente significativo porque incluye las unidades con el precio más elevado por vehículo, en un contexto donde el discurso oficial insiste en la contención del gasto y la racionalidad presupuestal.
Los documentos señalan que Evolución Automotriz tiene como accionistas a Grupo Cleber y Plaza Automotores, mientras que Eugenio Clariond participa en Grupo Cleber junto con Alejandra Clariond de Becerra, y René Antonio Becerra Monroy figura como CEO del grupo. La repetición de nombres y grupos empresariales en las adjudicaciones directas refuerza la percepción de un esquema poco transparente y concentrado.
El contrato de los vehículos híbridos detalla la compra de camionetas BYD Shark GL con un costo individual superior a los 775 mil pesos, así como sedanes BYD King DM-i al mismo precio y hatchbacks BYD Dolphin Mini Plus con un costo menor, pero igualmente elevado para un Poder Judicial que presume moderación y responsabilidad en el uso de recursos públicos.
Más allá de la legalidad formal de los contratos, el caso deja al descubierto una contradicción de fondo: mientras los ministros exigen respeto a su autonomía y defienden privilegios bajo el argumento de la función que desempeñan, el aparato administrativo del Poder Judicial continúa operando con una lógica de gasto que dista mucho de la austeridad que se predica en el discurso público. La pregunta inevitable es si la “austeridad republicana” es solo una consigna conveniente o una política que, en los hechos, nunca ha llegado a los estacionamientos del Poder Judicial.
Quieren transporte, comida y buenos sueldos, sería bueno que cada ministro hiciera un examen de confianza y conocimientos jurídicos, no hay un poder que los discipline, norme y evalúe, el pueblo necesita saber en que se invierte cantidades millonarias de pesos, ver si vale la pena, seguir invirtiendo.
Los mexicanos no los eligieron, fue un fraude su elección, puro ignorante de las leyes pusieron en el Poder Judicial, solo siguen órdenes y aprueban todo lo que llega a sus manos.
