Alejandro Aguilar
El Buen Tono
Córdoba. – La nueva administración municipal encabezada por Manuel Alonso Cerezo recibió finanzas públicas con múltiples irregularidades documentadas – litigios pendientes, cuentas por cobrar en riesgo y pasivos no esclarecidos – sin que hasta el momento se hayan iniciado acciones para resolverlos. Esta inacción ha generado fuertes cuestionamientos sobre una presunta complicidad, ya que, según señalan diversos sectores, el alcalde estuvo detrás de las operaciones de la administración pasada del Dr. Juan Martínez Flores, junto con Tomás López y Luis Abella, quienes financiaron su campaña.
CUENTAS POR COBRAR EN RIESGO
De acuerdo con los estados financieros oficiales al cierre de 2025, el municipio mantiene cuentas por cobrar de ejercicios anteriores por un monto total de casi 38 millones de pesos, sin depurar y con un dictamen jurídico pendiente desde abril de 2023. Estas partidas corresponden en su mayoría a participaciones, aportaciones y convenios federales de años anteriores. No existe registro de que la nueva administración haya activado procedimientos legales para su recuperación.
PASIVO IRREGULAR DE LARGA DATA
Se identificó un documento por pagar a largo plazo por más de 12 millones de pesos, correspondiente a un traspaso de recursos entre cuentas municipales realizado en 2010 que nunca fue devuelto. Desde abril de 2023 se solicitó opinión al Congreso del Estado, sin que hasta ahora se haya resuelto ni se conozcan gestiones públicas de la actual administración para regularizar esta situación. Esta inercia alimenta las acusaciones de que Manuel Alonso busca tapar, no esclarecer, estas irregularidades.
Durante 2025 se registró una disminución neta de efectivo y equivalentes por más de 6.4 millones de pesos, reduciendo considerablemente la liquidez operativa del ayuntamiento.
VÍNCULO FAMILIAR EN COMISIÓN
La actual Tesorera Municipal y presidenta de la Comisión Especial de Entrega-Recepción, C.P. Antonia Reyes Olmos, es familiar del contralor de la administración anterior, lo que genera interrogantes sobre la independencia del proceso de revisión.
INACCIÓN QUE APUNTA A ENCUBRIMIENTO
A pesar de contar con esta información financiera detallada, la administración de Alonso Cerezo no ha presentado denuncias ante la Fiscalía o la Auditoría Superior, ni ha informado un plan para recuperar los fondos. Esta pasividad se interpreta como una estrategia para proteger a los actores de la administración anterior, con los que mantiene una estrecha alianza. Se alega que, al igual que se habría neutralizado al ORFIS, las irregularidades se están archivando, no investigando.
La Comisión Especial de Entrega-Recepción tiene como plazo legal hasta el 7 de febrero para emitir su dictamen final.
