AGENCIA
Internacional.- México y Estados Unidos alcanzaron un nuevo entendimiento sobre la gestión del agua del Río Bravo, anunciado este martes 2 de febrero de 2026, que compromete al gobierno mexicano a una entrega mínima anual del recurso hídrico. El acuerdo busca dar certidumbre a la relación bilateral en materia de agua, pero abre interrogantes sobre el costo que podría representar para los productores agrícolas mexicanos, en un contexto de sequía extrema.
El pacto se concretó tras una llamada telefónica entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente estadounidense Donald Trump. De acuerdo con un comunicado conjunto de los departamentos de Estado y Agricultura de Estados Unidos, México garantizará la entrega de al menos 350 mil acres-pie de agua al año, equivalentes a aproximadamente 431.7 millones de metros cúbicos. La medida tiene como objetivo saldar la deuda hídrica del ciclo anterior y estabilizar el suministro para los agricultores del Valle del Bajo Río Grande, en Texas.
La negociación se desarrolló bajo una presión económica explícita. En diciembre pasado, el presidente Trump amenazó con imponer aranceles del 5 por ciento (%) a productos mexicanos al considerar que México incumplía el Tratado de Aguas de 1944. Ese escenario aceleró las conversaciones y colocó al agua como un factor de tensión comercial entre ambos países.
El gobierno mexicano defendió el acuerdo al calificarlo como resultado de un “trabajo técnico y político sostenido”. En un comunicado conjunto, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Comisión Nacional del Agua y otras dependencias aseguraron que el entendimiento garantiza el derecho humano al agua en territorio nacional y prioriza el consumo humano y la producción agrícola interna.
No obstante, la cifra comprometida resulta significativa si se considera la sequía severa que afecta a amplias regiones del norte del país. La inclusión de una cuota mínima anual explícita reduce el margen de maniobra de México en años de escasez, lo que podría traducirse en menor disponibilidad de agua para distritos de riego y productores nacionales, particularmente en estados fronterizos.
Del lado estadounidense, las reacciones fueron abiertamente favorables. El secretario de Estado, Marco Rubio, celebró el acuerdo como un beneficio directo para agricultores y ganaderos de su país, mientras que la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, afirmó que el pacto brinda mayor certeza a los productores de Texas. Las declaraciones, difundidas el mismo 2 de febrero, subrayan que los beneficios inmediatos del acuerdo se concentran del lado norte de la frontera.
Mientras el gobierno mexicano insiste en que el tratado se cumplirá sin comprometer el abasto interno, organizaciones de productores y especialistas advierten que el verdadero impacto del acuerdo se medirá en los próximos ciclos agrícolas, cuando la escasez de agua ponga a prueba la capacidad del Estado para equilibrar los compromisos internacionales con las necesidades del campo mexicano.
