Las amenazas de Donald Trump para atacar a los narcotraficantes mexicanos chocan con una realidad política más profunda: la colusión histórica entre crimen organizado y poder local en México.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado su retórica contra los cárteles mexicanos, a los que responsabiliza del tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense. En repetidas ocasiones ha presionado para desplegar tropas de su país en México con el objetivo de “eliminar a los cárteles”. Sin embargo, se enfrenta a un obstáculo clave: la negativa de la presidenta Claudia Sheinbaum.
“Es una buena mujer”, dijo Trump a Fox News el mes pasado, al tiempo que descartó compararla con Nicolás Maduro, el mandatario venezolano detenido por autoridades estadounidenses y procesado por narcotráfico en Nueva York. Según Trump, la resistencia de Sheinbaum no obedece a complicidad, sino al temor. “Le tiene mucho miedo a los cárteles. Ella no gobierna México. Los cárteles gobiernan México”, afirmó.
Si bien los cárteles representan una amenaza real y violenta, el planteamiento de Trump omite un elemento central: el narcotráfico en México no opera solo contra el Estado, sino muchas veces desde dentro de él. Durante más de una década cubriendo el país, queda claro que la fuerza militar por sí sola no desmantela a estas organizaciones, porque sus redes están entrelazadas con estructuras políticas y de seguridad locales.
Morena, el partido que llevó a Sheinbaum a la presidencia, no es ajeno a este problema. Varios de sus integrantes han enfrentado acusaciones graves por presuntos vínculos con el crimen organizado. Combatir a los cárteles implicaría, en muchos casos, confrontar a actores políticos aliados y desmontar los cimientos del poder regional que sostienen a su propia coalición.
A diferencia de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Sheinbaum no controla con mano firme a Morena. El partido, fundado por AMLO, atraviesa una etapa de fragmentación interna, dividida entre facciones leales a la presidenta y otras aún alineadas con el expresidente, quien, aunque formalmente retirado, conserva una influencia considerable. Una ofensiva frontal contra políticos corruptos podría provocar fracturas internas y debilitar al partido rumbo a las elecciones intermedias.
En Estados Unidos, la percepción del narcotráfico mexicano suele estar distorsionada por narrativas simplistas que presentan a los cárteles como imperios dirigidos por capos icónicos, como Joaquín “El Chapo” Guzmán. La realidad es más compleja y antigua. De acuerdo con el historiador Benjamin T. Smith, desde hace más de un siglo existen vínculos estrechos entre autoridades y traficantes. Durante los 71 años del régimen de partido único, gobiernos estatales y locales protegían a ciertos criminales y perseguían a otros a cambio de sobornos. Para la década de 1970, esas redes ya estaban profundamente infiltradas en corporaciones federales.
La transición democrática del año 2000 y la llamada “guerra contra las drogas”, iniciada en 2006, no erradicaron estas prácticas. Al contrario, la fragmentación de grandes cárteles como Los Zetas o La Familia Michoacana dio lugar a grupos más pequeños, pero con control territorial directo. Hoy, muchos líderes criminales operan como señores feudales: extorsionan negocios, roban combustibles, controlan rutas migratorias y pactan con autoridades municipales y estatales.
Un ejemplo emblemático es Tabasco, estado natal de AMLO. Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública estatal hasta 2024, fue señalado por documentos de inteligencia militar como presunto operador del grupo criminal La Barredora mientras ocupaba el cargo. Tras renunciar, huyó del país y fue detenido en Paraguay en el otoño pasado. Enfrenta cargos en México por delincuencia organizada, extorsión y secuestro, acusaciones que él ha calificado como persecución política.
El nombramiento de Bermúdez fue realizado en 2019 por Adán Augusto López Hernández, entonces gobernador de Tabasco, hoy senador de Morena y uno de los políticos más cercanos a AMLO. López Hernández ha asegurado que desconocía las actividades ilícitas de su colaborador, una versión que ha generado escepticismo incluso dentro del propio partido.
En otras regiones del país, los cárteles han ido más allá de la colusión y han impuesto su poder mediante amenazas directas. El asesinato del alcalde Carlos Manzo en noviembre pasado —uno de los pocos que se enfrentó abiertamente al crimen organizado— desató protestas a nivel nacional. Antes de las elecciones de 2024, al menos 30 candidatos locales fueron asesinados y cientos más se retiraron de las contiendas por presiones criminales.
Ya como presidenta, Sheinbaum ha mostrado un discurso más firme en materia de seguridad que AMLO. Ha desplegado miles de elementos en la frontera norte, trasladado a 92 presuntos líderes criminales a Estados Unidos y presume decenas de miles de detenciones, así como una reducción en la tasa de homicidios. En noviembre de 2024, incluso fue detenido un alcalde de Morena en el Estado de México por presuntos vínculos con La Familia Michoacana.
No obstante, su estrategia tiene límites claros. Aunque insiste en una política de “impunidad cero”, evita profundizar en las estructuras políticas que protegen al crimen organizado. La experiencia demuestra que desmantelar estas redes suele detonar olas de violencia, al dejar vacíos de poder que los grupos criminales buscan ocupar por la fuerza. Tras dos décadas de guerra contra las drogas, con cientos de miles de muertos y desaparecidos, la sociedad mexicana muestra un claro agotamiento frente a la escalada violenta.
Algunos sectores han planteado procesos de justicia transicional —con comisiones de la verdad y tribunales especiales— para desarticular estas redes de protección. Pero el costo político podría ser devastador para Morena, al revelar irregularidades que pondrían en entredicho su narrativa de ruptura con la corrupción del pasado.
Sheinbaum probablemente no teme personalmente a los cárteles: continúa realizando giras y actos públicos. Lo que enfrenta es un dilema mayor. Entre la presión de una superpotencia que exige una cruzada militar y una estructura política que sobrevive gracias al statu quo, la presidenta camina sobre una línea frágil donde cualquier paso en falso podría desatar el caos.
