AGENCIA
EEUU/Nacional.- El gobierno federal confirmó la tercera extradición masiva de 2026, mediante la cual fueron enviados a Estados Unidos presuntos líderes y operadores clave de facciones del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes enfrentarán cargos por narcotráfico, lavado de dinero y homicidio ante cortes federales estadounidenses.
El traslado se realizó mediante un operativo aéreo discreto, coordinado con la Administración para el Control de Drogas (DEA), en lo que autoridades de ambos países consideran un punto alto en la cooperación bilateral contra el crimen organizado transnacional. El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, calificó la acción como “histórica” dentro de los esfuerzos conjuntos para desmantelar redes de tráfico de fentanilo.
Entre los extraditados se encuentran operadores financieros y logísticos identificados como piezas clave en disputas internas del Cártel de Sinaloa y en la expansión territorial del CJNG, varios de ellos con recompensas millonarias vigentes en Estados Unidos.
Autoridades mexicanas destacaron que las detenciones y extradiciones fueron posibles gracias al intercambio de inteligencia, lo que permitió ejecutar los operativos sin enfrentamientos armados. Por su parte, el Departamento de Justicia de Estados Unidos celebró los traslados al considerarlos un golpe directo a las cadenas de suministro de opioides sintéticos responsables de miles de muertes anuales en su territorio.
La presidenta Claudia Sheinbaum y el gabinete de seguridad federal subrayaron que las extradiciones se realizaron en respuesta a solicitudes formales y con base en decisiones soberanas del Estado mexicano. Rechazaron versiones que sugieren “entregas a cambio” de beneficios en negociaciones comerciales, arancelarias o migratorias con Washington.
El mensaje oficial insistió en una política de “justicia sin impunidad” y en una colaboración pragmática que, según el gobierno, fortalece la seguridad de ambos países, reiterando que México no cede control interno ni compromete su soberanía.
No obstante, el operativo ha reavivado el debate público. Mientras autoridades estadounidenses hablan de una “alianza sin precedentes”, sectores críticos y nacionalistas advierten sobre el riesgo de una cooperación percibida como sumisión, cuestionando si la rapidez de estas extradiciones responde también a presiones externas en un contexto de tensiones comerciales y migratorias.
Analistas y organizaciones civiles señalan que, en casos previos, capos extraditados han recibido condenas reducidas en Estados Unidos a cambio de información, lo que consideran una forma de impunidad selectiva que deja a víctimas mexicanas sin justicia en su propio país. Este escenario, advierten, mantiene abierto el debate sobre la soberanía real y el costo político de la cooperación bilateral en materia de seguridad.
La discusión, subrayan, ocurre en un país marcado por la violencia, donde detrás de cada extradición existen comunidades y familias afectadas por un conflicto criminal que trasciende fronteras y acuerdos diplomáticos.
