AGENCIA
San Francisco, Camp.- El diputado local de Morena, Antonio Jiménez Gutiérrez, recurrió al Poder Judicial de la Federación para promover un juicio de amparo con el objetivo de conocer y suspender cualquier posible orden de aprehensión en su contra, aun cuando la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) negó de manera oficial la existencia de algún mandato judicial.
El recurso legal fue presentado luego de que el legislador denunciara públicamente que la gobernadora Layda Sansores habría ordenado su arresto como represalia política tras perder la Mesa Directiva del Congreso local frente a Movimiento Ciudadano. Sin embargo, la FGECAM desmintió dicha versión y explicó que el supuesto intento de detención fue una confusión derivada de un patrullaje de rutina que coincidió con la presencia de escoltas del diputado.
El amparo, identificado con el expediente 96/2026 y admitido el 4 de febrero por el Juzgado Segundo de Distrito en Campeche, exhibe inconsistencias relevantes. El juez federal dictó un acuerdo de prevención debido a la imprecisión de los actos reclamados, otorgando al legislador un plazo de cinco días hábiles para aclarar su demanda, bajo advertencia de que podría ser desechada.
El caso ha generado cuestionamientos sobre el uso político del recurso del amparo, al ser promovido sin que exista una orden de aprehensión confirmada ni denuncia formal en su contra, según han reconocido autoridades y legisladores de su propia coalición. Incluso, el diputado Jorge Pérez Falconi ha señalado que no existe procedimiento legal alguno contra Jiménez Gutiérrez y lo ha acusado de fomentar divisiones internas dentro de la bancada de la Cuarta Transformación.
Pese a ello, el diputado argumentó en su demanda una supuesta restricción para acceder a carpetas de investigación que lo involucren, sin que hasta el momento se haya acreditado la existencia de dichas investigaciones. De manera paralela, Proceso informó que una persona cercana al legislador aseguró que este habría sido denunciado por un presunto delito de tipo sexual, versión que tampoco ha sido confirmada oficialmente.
Mientras simpatizantes del diputado han denunciado una supuesta persecución política en redes sociales, el caso ha sido comparado con el arresto del rector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Abud Flores, ocurrido el 12 de enero. No obstante, a diferencia de ese episodio, en el caso de Jiménez Gutiérrez no existe, hasta ahora, sustento legal que respalde sus acusaciones.
El episodio deja al descubierto un uso anticipado y defensivo de las instituciones judiciales, así como una narrativa de victimización que contrasta con la falta de pruebas y las contradicciones oficiales, lo que pone en entredicho la congruencia y responsabilidad política del legislador morenista.
