AGENCIA
Nacional.- Diversos hechos recientes y una creciente percepción social han vuelto a colocar al partido Morena y a sus gobiernos en el centro de la crítica pública. La inconformidad se expresa tanto en el discurso ciudadano como en una serie de episodios que, para analistas y sectores de la opinión pública, reflejan problemas estructurales de corrupción, impunidad y vínculos con el crimen organizado.
En este contexto, expresiones populares que aluden a la descomposición institucional han cobrado fuerza para describir lo que distintos críticos consideran un deterioro generalizado dentro del partido en el poder. Las críticas no distinguen niveles: abarcan desde dirigencias partidistas y legisladores, hasta alcaldes, gobernadores y funcionarios federales.
Al inicio del segundo año del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, estos cuestionamientos se han intensificado. Aunque desde el oficialismo se insiste en un discurso de transformación y combate a la corrupción, opositores y observadores sostienen que los hechos contradicen esa narrativa y que el partido gobernante ha reproducido, e incluso profundizado, prácticas asociadas a los peores momentos del viejo régimen priista.
Entre los episodios que han alimentado esta percepción se encuentran recientes escándalos en el ámbito judicial, particularmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se difundieron imágenes y versiones sobre presuntos privilegios indebidos para ministros, lo que generó una fuerte reacción social y cuestionamientos a la congruencia del discurso de austeridad.
En el ámbito local, la detención del alcalde de Tequila, Jalisco, identificado como militante de Morena, por presuntos vínculos con el crimen organizado, reavivó las críticas sobre la selección de candidaturas y la tolerancia del partido hacia perfiles cuestionados. El caso cobró mayor relevancia debido a la difusión de videos y mensajes previos de respaldo político al edil hoy detenido.
A estos hechos se suman señalamientos internacionales que califican a México como un país con fuerte infiltración del crimen organizado en las estructuras del Estado, lo que ha impactado la imagen del gobierno federal y de los gobiernos estatales emanados de Morena.
En la Ciudad de México, declaraciones de autoridades capitalinas sobre la cobertura de hechos violentos generaron acusaciones de intento de censura a los medios de comunicación, al sugerir que se reduzca la difusión de la nota roja para disminuir la percepción de inseguridad. Casos similares se han denunciado en Campeche, donde periodistas críticos del gobierno estatal han acusado persecución política.
La violencia también ha alcanzado al entorno de figuras del oficialismo. En enero de 2026, el asesinato de familiares cercanos del titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, fue interpretado por analistas como una muestra del avance del crimen organizado hacia esferas cada vez más cercanas al poder político. En Sinaloa, ataques armados contra diputados locales y el hallazgo de restos de trabajadores secuestrados reforzaron la percepción de colusión o incapacidad de los gobiernos locales para contener a las mafias.
Finalmente, la propuesta de una reforma electoral impulsada desde el Ejecutivo federal ha sido señalada por críticos como un intento de concentración de poder y debilitamiento de contrapesos democráticos, al considerar que podría limitar la pluralidad política y la libertad de expresión.
En conjunto, estos episodios han alimentado una narrativa crítica que sostiene que Morena atraviesa una crisis de credibilidad y que su discurso fundacional contrasta cada vez más con los hechos que se le atribuyen. Mientras el partido defiende su proyecto político, la presión social y mediática mantiene abierto el debate sobre el rumbo del país y la calidad de su democracia.
