AGENCIA
Nacional.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a la empresa Lax Constructora, S.A. de C.V. por presentar información falsa en licitaciones relacionadas con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, un caso que vuelve a exhibir las debilidades del sistema anticorrupción y la baja contundencia de las sanciones frente a faltas consideradas graves.
La resolución, publicada el 6 de febrero de 2026 en el Diario Oficial de la Federación, impuso a la empresa una multa de 189 mil 170 pesos y una inhabilitación de apenas cuatro meses para contratar con el gobierno federal, pese a que la presentación de documentos apócrifos en procedimientos de contratación pública está catalogada como una falta grave.
Lax Constructora participó en dos licitaciones públicas electrónicas para el mantenimiento de instalaciones arquitectónicas del AIFA. En ambos procesos presentó un certificado falso para acreditar el cumplimiento de la norma NMX-R-025-SCFI-2025, relacionada con igualdad laboral y no discriminación, un requisito clave para poder competir por contratos públicos.
El Órgano Interno de Control del AIFA detectó que dicho certificado era apócrifo, lo que implicó un intento deliberado de engañar a la autoridad para obtener contratos financiados con recursos públicos. A pesar de ello, la sanción se limitó a una inhabilitación temporal de corta duración y a una multa considerada menor frente al monto y relevancia de las obras asociadas al aeropuerto.
Durante el periodo de inhabilitación, la empresa no podrá participar en licitaciones federales ni celebrar contratos de obra o servicios con dependencias del gobierno, ni hacerlo a través de empresas vinculadas. Además, fue inscrita en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, una base de datos que las dependencias consultan antes de adjudicar contratos.
No obstante, el caso ha generado cuestionamientos sobre la eficacia real del sistema anticorrupción. Especialistas y observadores señalan que sanciones de corta duración y multas reducidas difícilmente generan un efecto disuasivo, y pueden incluso normalizar prácticas fraudulentas en la contratación pública, especialmente en proyectos emblemáticos del actual gobierno.
La Secretaría Anticorrupción informó que la empresa aún puede impugnar la sanción por la vía administrativa o judicial, lo que abre la posibilidad de que incluso estas medidas mínimas puedan ser revertidas o reducidas.
El caso de Lax Constructora vuelve a poner sobre la mesa una crítica recurrente: mientras el discurso oficial promete combate frontal a la corrupción, en la práctica las sanciones suelen ser limitadas, tardías y poco proporcionales a la gravedad de las irregularidades detectadas, lo que debilita la confianza en las instituciones encargadas de vigilar el uso de los recursos públicos.
