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Coatzacoalcos, Ver.– Al menos siete cuerpos fueron localizados en fosas clandestinas en el municipio de Jáltipan de Morelos, mientras que se aseguraron dos viviendas presuntamente utilizadas por un grupo delictivo dedicado al secuestro, la extorsión y el homicidio.

Fuentes policiales indicaron que las diligencias realizadas por la Fiscalía General del Estado durante el fin de semana permitieron ubicar restos humanos en distintos puntos de dos predios situados entre las localidades de El Cocuite y Emiliano Zapata. La zona permanece resguardada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Estatal, debido a que ya había sido señalada en investigaciones previas.

La intervención se derivó de la información proporcionada por Antonio Escobar, empresario que días antes fue privado de la libertad en Cosoleacaque y logró escapar gravemente herido. Antes de fallecer en un hospital de Coatzacoalcos, aportó datos clave sobre el sitio donde estuvo cautivo, lo que permitió avanzar en la investigación.

Este martes, se ejecutaron dos órdenes de cateo adicionales donde se encontraron nuevos indicios de fosas clandestinas. De manera preliminar, se estima que los restos corresponden a al menos siete víctimas.

El lugar ha sido escenario de hechos violentos previos. En julio de 2024 se localizó el cuerpo calcinado de un taxista de Jáltipan dentro de su unidad, y en noviembre de 2023 fue abandonado un taxi de Sayula de Alemán cuyo conductor había sido privado de la libertad y posteriormente asesinado en San Juan Evangelista.

Los restos recuperados fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde familiares de personas desaparecidas exigieron transparencia en la identificación. Entre ellos se encuentran los familiares de Víctor Hernández, Ángel Alexis Cortés y Manuel Arnoldo Carmona, desaparecidos el 7 de abril del año pasado.

Ruperto Cortés, padre de Ángel, pidió acceso al predio para identificar prendas de vestir que permitan confirmar si los tres jóvenes se encuentran entre los restos hallados. Recordó que el teléfono celular sustraído el día de la desaparición marcó su última ubicación cerca de la comunidad de El Cocuite.

Por su parte, Alejandra Padua, madre de Ángel, lamentó la falta de avances a casi diez meses de la desaparición:

“Han sido diez meses de no saber nada. ¿Qué pasó con mi hijo? Se lo llevaron como un delincuente y mi hijo delincuente no era. Desde octubre así nos traen: que está en investigación, en investigación y nada de avances”, expresó.

Las víctimas fueron privadas de la libertad por un grupo armado bajo un modus operandi similar al de los secuestros de dos empresarios y un taxista en Cosoleacaque, lo que refuerza la hipótesis de que se trata de una misma organización delictiva.

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