DE LA REDACCIÓN
EL BUEN TONO
CÓRDOBA.- El Operativo Enjambre, iniciado por el Gobierno federal desde 2024 como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el Combate a la Corrupción, lucha contra la infiltración del crimen organizado en los gobiernos municipales y tiene en la mira un listado de políticos en Córdoba vinculados con la delincuencia organizada.
Esta iniciativa, coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Sedena y fiscalías estatales, busca desmantelar redes de corrupción, extorsión y vínculos con el narco en municipios vulnerables. Ha resultado en la detención de más de 60 personas, incluyendo 61 funcionarios municipales en 15 meses, con al menos 19 sentencias condenatorias por extorsión, lavado de dinero y colusión con grupos delictivos.
Enfocado, al principio, en el Estado de México, donde se han capturado a alcaldes y exalcaldes, el operativo se expande a otras entidades, entre ellas Veracruz, donde la Secretaría de Seguridad Pública estatal ha intensificado acciones contra ayuntamientos corruptos.
De acuerdo con informes de inteligencia, el Operativo Enjambre puede alcanzar a figuras clave en Veracruz, un estado plagado por denuncias de corrupción y nexos delictivos. Entre los próximos en enfrentar detenciones se encuentran funcionarios y exfuncionarios con expedientes abiertos por delitos graves, como robo de combustible, lavado de dinero, desvío de recursos y enriquecimiento ilícito. Esta ofensiva representa un golpe directo a la impunidad que ha permeado en los gobiernos locales.
Manuel Alonso Cerezo, alcalde de Córdoba por Morena, se revela que está vinculado al robo de combustible (huachicol) a través de su antigua empresa Trabal S de R.L. de C.V., que compraba hasta 40 mil litros semanales de hidrocarburo a “La Barredora”, una facción del Cártel Jalisco Nueva Generación. Investigaciones de la Sedena en 2022, basadas en comunicaciones intervenidas, lo ligan directamente a estas transacciones a precios irrisorios (3.30 pesos por litro). Y enfrenta pesquisas en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por irregularidades financieras y vínculos con estructuras criminales en la región Córdoba-Orizaba. Asimismo, Luis Abella Alvarado, operador político y socio de Manuel Alonso. Acusado de lavado de dinero procedente de la delincuencia organizada, señalado en denuncias por falsedad de declaraciones y vínculos delictivos. Junto con Cerezo, perdió contratos municipales por estos lazos, ambos enfrentan investigaciones por enriquecimiento ilícito y desvío de recursos, lo que los posiciona como objetivos prioritarios.
Vania López González, quien fue síndica en el gobierno municipal anterior, ha sido denunciada por robo y desvío de recursos por más de 50 millones de pesos, incluyendo falseo de informes de gastos ante el INE y actos anticipados de campaña. Su gestión ha sido cuestionada por irregularidades administrativas, como pagos a proveedores acusados de violencia de género, y podría enfrentar inhabilitación por hasta diez años, pese a que ahora es regidora.
Verónica Hernández Giadáns, exfiscal general del estado, ella renunció en diciembre de 2025 en medio de escándalos por corrupción, abuso de poder, tráfico de influencias y uso de la dependencia para acoso y detenciones ilegales. Dejó impunes desfalcos millonarios, como el de la UPAV por cerca de 250 millones de pesos, y enfrenta investigaciones por no actuar contra los responsables.
En tanto, Zenyazen Escobar García, exsecretario de Educación y ahora diputado local es investigado por enriquecimiento ilícito y desvíos en la UPAV, donde se detectaron irregularidades millonarias en las cuotas estudiantiles. Se le acusa de usar lavadores de dinero para ocultar fortunas, incluyendo la adquisición de tráileres por parte de sus allegados. Eric Patrocinio Cisneros Burgos, exsecretario de Gobierno, quien ha sido vinculado a grupos delincuenciales desde 2022, cuando el CJNG lo acusó públicamente de alianzas con el Cártel de Sinaloa. Videos y amenazas revelaron sus nexos con redes criminales en el estado, incluyendo extorsiones y protección a bandas delictivas. Su grupo político ha sido salpicado por escándalos de corrupción.
Juan Javier Gómez Cazarín, delegado de los Programas para el Bienestar en el estado. Se le atribuyen negocios irregulares a través de la Secretaría de Bienestar, aprovechando su posición para favorecer intereses personales y políticos. Como exlíder del Congreso local, ha sido criticado por su influencia en la distribución de recursos federales, lo que lo pone en la mira de auditorías por corrupción.
La SSP de Veracruz ha declarado guerra abierta contra ayuntamientos corruptos, investigando policías municipales y reabriendo carpetas contra exfuncionarios que desfalcaron recursos públicos. Policías locales, identificados como los servidores más corruptos en el estado, están bajo la lupa en Córdoba y Jamapa, donde se han detectado omisiones deliberadas en el combate al crimen.
