Sandra González
El Buen Tono
ORIZABA.- A medio año de su inauguración, la Ciudad Judicial de Orizaba —el complejo más grande del Poder Judicial en Veracruz— enfrenta un contraste crítico: aunque cuenta con una infraestructura de 9 mil metros cuadrados, su operatividad se ve superada por la carga de trabajo. Si bien la concentración de juzgados y fiscalías en un solo edificio ha mejorado la movilidad interna, la alta demanda de justicia sigue rebasando la capacidad de respuesta institucional.
Para los litigantes, la centralización ha sido un avance logístico importante, ya que permite transitar entre los distintos juzgados y el Centro de Mediación sin salir del inmueble. No obstante, esta ventaja no resuelve el problema de fondo, pues el volumen de expedientes, especialmente en materia civil, es demasiado alto para ser atendido bajo los esquemas administrativos actuales, provocando cuellos de botella procesales.
La principal crítica de los usuarios se centra en la rigidez de los horarios laborales, que consideran insuficientes e ilógicos frente a la saturación de casos. Mientras que la fiscalía opera con turnos matutinos y vespertinos, los juzgados cierran sus puertas a las 14:30 horas, dejando el edificio prácticamente inactivo por las tardes. Los abogados sugieren una reorganización que contemple jornadas completas con recesos para maximizar la atención al público.
Esta desconexión de horarios obliga a los profesionales del derecho a planificar jornadas exhaustivas que no siempre garantizan el avance de sus trámites. Además, la persistente dispersión de oficinas clave, como el Registro Civil, el Registro Público de la Propiedad y las notarías fuera del complejo, añade una carga de traslados adicionales que interrumpe la eficiencia que se buscaba con la creación de este recinto judicial. Inaugurada en agosto de 2025, la Ciudad Judicial alberga juzgados penales, familiares y de primera instancia, pero su impacto real está condicionado por su gestión interna. Los expertos advierten que, sin una ampliación de horarios y una reestructuración operativa que acompañe a la infraestructura, el complejo seguirá siendo una solución parcial que no logra desahogar el rezago en la impartición de justicia de la región.
