De la Redacción
El Buen Tono
ORIZABA.- La Policía Municipal de Orizaba enfrenta graves cuestionamientos ciudadanos, tras documentarse hostigamiento sistemático, detenciones arbitrarias y uso desproporcionado de la fuerza. A pesar de que el ayuntamiento defiende la certificación de la corporación, diversos sectores sociales señalan un contraste alarmante entre el discurso oficial y la realidad en las calles, donde la vigilancia parece enfocarse en el control social de grupos vulnerables, en lugar de combatir la criminalidad. De acuerdo con los testimonios, los operativos se han centrado particularmente en jóvenes, comerciantes informales y colectivos, quienes denuncian revisiones sin sustento legal y detenciones bajo acusaciones dudosas de posesión de narcóticos. Los afectados señalan que estas intervenciones suelen estar acompañadas de violencia física y amenazas durante los traslados, así como presión para aceptar cargos sin la presencia de una representación legal.
Se destaca una evidente disparidad policial: mientras se intensifica la presencia y decomisos sin orden judicial contra sectores que “incomodan” en espacios públicos, los puntos conocidos por la venta de sustancias ilícitas operan con una flexibilidad inusual. Esta ausencia policial en las “zonas rojas” refuerza la indignación de habitantes, quienes consideran que la estrategia de seguridad está diseñada para generar miedo y parálisis social más que para garantizar la paz pública. A pesar de la acumulación de casos, la respuesta se ha limitado a defender los procesos de certificación y la calidad de sus mandos. No obstante, la confianza de la población se encuentra erosionada, ya que los comunicados oficiales no coinciden con las experiencias de vigilancia intimidante fuera de domicilios.
La gente hace un llamado a las autoridades para que la seguridad en Orizaba deje de medirse por el volumen de detenciones y comience a evaluarse por la justicia y protección que sea capaz de brindar. La demanda central exige una corporación que actúe bajo protocolos de derechos humanos, entendiendo que la verdadera eficacia policial reside en el respeto a la integridad ciudadana y no en la persecución de quienes habitan y trabajan en los espacios públicos de la ciudad.
