AGENCIA
Internacional.- Un incidente ocurrido la madrugada del 11 de febrero en la frontera entre Estados Unidos y México generó caos operativo y fuertes cuestionamientos a los protocolos de seguridad, luego de que fuerzas militares desplegadas durante la administración de Donald Trump derribaran varios globos metálicos al confundirlos con presuntos drones del crimen organizado.
De acuerdo con información confirmada por CNN, el Pentágono realizaba pruebas con tecnología láser de alta energía cerca de Fort Bliss, en Texas, como parte de ensayos de sistemas antidrones. Durante estas maniobras fueron detectados objetos voladores que se consideraron sospechosos, por lo que se activaron los sistemas defensivos y se procedió a su derribo. Posteriormente se confirmó que se trataba de cuatro globos metálicos de uso recreativo.
El error derivó en un conflicto interno entre el Pentágono y la Federal Aviation Administration, debido a preocupaciones sobre la seguridad de vuelos comerciales en la zona. Como consecuencia, a la 1:30 de la madrugada se ordenó el cierre total del espacio aéreo sobre el El Paso International Airport y áreas colindantes de Nuevo México. La restricción, que inicialmente se planteó hasta por 10 días, provocó la cancelación de todos los vuelos, incluidos traslados de evacuación médica que tuvieron que ser desviados a otras ciudades.
El cierre se realizó sin notificación previa a autoridades locales ni federales. El alcalde de El Paso, Renard Johnson, no fue informado, al igual que funcionarios del gobierno municipal y mandos de la propia base militar de Fort Bliss. Trascendió que la decisión fue tomada por la FAA sin aviso a la Casa Blanca, al Pentágono ni al Departamento de Seguridad Nacional.
Pese a lo ocurrido, integrantes del gabinete de Trump presentaron el hecho como una acción exitosa contra supuestas amenazas del narcotráfico. El entonces secretario de Transporte, Sean Duffy, afirmó que las autoridades actuaron para enfrentar una incursión de drones del cártel, mientras que la fiscal general Pam Bondi sostuvo ante el Congreso que los militares estaban derribando drones criminales.
Sin embargo, menos de ocho horas después del cierre, la FAA levantó todas las restricciones tras una revisión en la Casa Blanca. Funcionarios citados por The Intercept señalaron que no existía ninguna amenaza real, razón por la cual el espacio aéreo fue reabierto de manera inmediata.
El episodio dejó al descubierto fallas de coordinación entre agencias, decisiones unilaterales de alto impacto y el uso de tecnología militar de alto costo contra objetivos que no representaban riesgo alguno, generando críticas y preocupación por la gestión de la seguridad aérea en zonas fronterizas.
