AGENCIA
Nacional.- La actuación de Nancy Camacho Díaz, ex secretaria ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, abre un debate inquietante sobre los límites entre una disputa laboral y la responsabilidad pública. Tras ser separada del cargo en 2025, la exfuncionaria decidió conservar una memoria USB con más de ocho millones de registros patrimoniales de servidores públicos federales, información altamente sensible que incluye cuentas bancarias, ingresos, deudas, inversiones y bienes inmuebles.
Lejos de tratarse de un archivo menor, el dispositivo concentra datos recabados entre 2020 y 2024 y forma parte de la Plataforma Digital Nacional, la principal herramienta del sistema anticorrupción para detectar inconsistencias y posibles actos de corrupción. Pese a ello, Camacho Díaz advirtió que no entregará el material ni el equipo de cómputo bajo su resguardo hasta que un juez se lo ordene.
En entrevista, la exfuncionaria justificó su decisión al argumentar que fue víctima de un despido injustificado y que se encuentra en un proceso de amparo. A su decir, devolver el equipo implicaría “consumir el hecho”, aun cuando se trata de bienes institucionales y de información que no le pertenece a título personal.
El argumento resulta endeble frente a la magnitud del riesgo. Retener datos patrimoniales de miles de funcionarios no es una forma de defensa jurídica, sino una acción que compromete la seguridad, la privacidad y la integridad de los archivos del Estado. Aunque Camacho Díaz sostiene que se trata de un respaldo al que también tienen acceso otros funcionarios, el simple hecho de sustraerlo y condicionarlo a una orden judicial exhibe una conducta incompatible con la ética del servicio público.
Cabe recordar que, al momento de su salida en julio de 2025, Camacho Díaz era titular de la unidad encargada de la Plataforma Digital Nacional y había ocupado diversos cargos dentro de la Secretaría Ejecutiva, órgano técnico del sistema anticorrupción. Es decir, conocía de primera mano la sensibilidad de la información y la obligación legal de resguardarla.
La exfuncionaria también denunció falta de transparencia en el proceso de evaluación que definiría la renovación de su contrato, al asegurar que nunca fue informada de los resultados. Sin embargo, una presunta irregularidad administrativa no justifica la retención de millones de datos personales del Gobierno Federal.
En noviembre pasado, el área jurídica de la dependencia presentó una denuncia en su contra por abuso de confianza y delitos relacionados con los archivos institucionales. No obstante, una suspensión definitiva impide por ahora que se le exija el acta de entrega-recepción y que se finquen responsabilidades, mientras el Poder Judicial analiza el fondo del caso.
El episodio deja un mensaje preocupante: Quien estuvo al frente de una de las herramientas clave contra la corrupción hoy utiliza información pública como moneda de presión en un conflicto personal. En un país donde la protección de datos y la confianza institucional ya están seriamente erosionadas, este tipo de conductas no solo contradicen el discurso anticorrupción, sino que lo vacían de credibilidad.
