De la Redacción
El Buen Tono
ORIZABA.- La Reserva del Río Orizaba se ha transformado de un espacio de conservación en un escaparate de la negligencia institucional, donde la fauna silvestre sobrevive a merced de la indolencia. El caso más reciente, la pérdida del ojo de un avestruz debido a un cercado perimetral con alambre de púas, no es un accidente fortuito, sino el resultado de una infraestructura inadecuada y peligrosa. Que un animal destinado a la protección termine mutilado por el recinto que debe resguardarlo, es la prueba fehaciente de un sistema de gestión física que prioriza la economía sobre la integridad biológica.
La tragedia del avestruz se vio agravada por una parálisis operativa imperdonable: la ausencia de protocolos de emergencia y de personal capacitado para una intervención veterinaria inmediata. Al permitir que una herida controlable derivara en la pérdida total del órgano, las autoridades demuestran una insensibilidad absoluta y una falta de ética profesional. Esta omisión de cuidados no solo es una falta administrativa, sino un acto de crueldad por omisión que despoja a la reserva de cualquier propósito educativo o conservacionista, convirtiéndola en un centro de confinamiento y sufrimiento.
A la negligencia física se suma una denuncia de manejo alimentario que raya en lo criminal: la instrucción de alimentar a las especies con desperdicios recolectados de juguerías y torterías. Esta práctica, lejos de ser una estrategia de reciclaje, representa un atentado nutricional contra animales con requerimientos biológicos específicos. El suministro de restos procesados y frutas en descomposición es una sentencia de muerte lenta que provoca intoxicaciones y enfermedades crónicas, revelando que, para la administración local, los animales son vistos como depósitos de basura orgánica y no como seres sintientes bajo su tutela.
La muerte de ejemplares icónicos en el pasado reciente confirma que la crisis en la reserva es sistémica y no aislada. El fallecimiento de “Skippy”, el único canguro rojo en UMAS de México, por ingestión de sustancias tóxicas en abril de 2025, fue la primera señal de alarma que las autoridades decidieron ignorar. Este patrón de fatalidades sugiere un entorno contaminado y carente de supervisión, donde la seguridad biológica de las especies exóticas es inexistente, permitiendo que ejemplares únicos perezcan por falta de control ambiental básico.
El historial de decesos se extiende de forma alarmante hacia los grandes felinos y primates, con la muerte de un león de apenas dos años por insuficiencia renal en agosto de 2025 y el fallecimiento de un mono araña. Las denuncias de grupos animalistas sobre el deterioro visible de estos ejemplares antes de morir subrayan una ausencia de monitoreo clínico preventivo. Un león joven muriendo de problemas renales es un indicador crítico de estrés hídrico, mala alimentación o condiciones de cautiverio insalubres, factores que convergen en una gestión que parece haber renunciado a la ciencia veterinaria.
El repudio social generalizado es la respuesta lógica ante una administración que colecciona cadáveres en lugar de preservar vida. La Reserva del Río Orizaba se enfrenta hoy a una crisis de legitimidad; la acumulación de reportes sobre animales con salud precaria y condiciones físicas deplorables exige una auditoría externa inmediata y sanciones para los responsables. Mantener animales en exhibición bajo estas condiciones de miseria y peligro físico no es turismo ni cultura, es una exhibición de barbarie institucional que el ayuntamiento debe detener antes de que la lista de bajas siga creciendo.
