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**¡Otro que en vez de gobernar Jalisco, se dedica a peinarse y a hacerse el gracioso, esos son los que nos gobiernan!

AGENCIA

Jalisco.- Las recientes apariciones públicas del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, han desatado una oleada de críticas por el contraste entre sus actividades recreativas y la profunda crisis de seguridad que atraviesa la entidad. En febrero de 2026 se viralizó un video en el que el mandatario aparece tocando la batería durante una visita al municipio de Tepec, escena que para amplios sectores sociales y políticos simboliza una desconexión preocupante con la realidad que viven miles de jaliscienses.

El episodio ocurre en un contexto marcado por indicadores alarmantes de violencia e inseguridad. De acuerdo con datos de percepción ciudadana, más del 60 por ciento de la población considera la inseguridad como el principal problema del estado. La situación es especialmente grave en Guadalajara, que durante 2025 fue catalogada como el municipio más inseguro de Jalisco con base en el número de carpetas de investigación iniciadas.

La oposición ha endurecido sus señalamientos contra la administración estatal. Laura Haro, presidenta del PRI en Jalisco, ha cuestionado de manera reiterada los resultados del gobierno de Lemus, subrayando deficiencias críticas en materia de feminicidios, homicidios, desapariciones y una crisis forense que continúa sin resolverse. A estas críticas se suman las acusaciones del senador Carlos Lomelí, quien ha señalado que las cifras oficiales de seguridad estarían maquilladas y que existe una falta de coordinación dentro del gabinete estatal.

El contexto político tampoco es menor. El gobernador enfrenta denuncias por violencia política en razón de género presentadas por legisladoras de oposición, quienes lo acusan de emplear expresiones denigrantes para desacreditarlas tras sus propuestas de someter a referéndum las tarifas del transporte público. Este clima de confrontación se agrava con hechos recientes como la detención del alcalde de Tequila por presuntos vínculos con extorsión, así como señalamientos sobre la infiltración del crimen organizado en diversas administraciones municipales.

La crítica central apunta a una disonancia cada vez más evidente entre la imagen que el gobernador proyecta y la gravedad de la situación estatal. Mientras Jalisco ocupa el séptimo lugar nacional en homicidios con arma de fuego contra menores y enfrenta una cifra negra del delito que supera el 90 por ciento, el titular del Ejecutivo parece privilegiar actos mediáticos que buscan cercanía y viralidad, pero que poco abonan a resolver una crisis estructural que mantiene a la población en un estado permanente de alerta e incertidumbre.

Para muchos ciudadanos, el problema no es un video ni una anécdota musical, sino el mensaje implícito que se envía: en un estado asediado por la violencia, la frivolidad pública del poder se percibe como una falta de sensibilidad y de urgencia frente a una realidad que exige atención plena, resultados concretos y liderazgo efectivo.

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