AGENCIA
Nacional.- En medio de la controversia generada por su salida de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el funcionario Marx Arriaga Navarro reconoció públicamente que le fue ofrecida una embajada para dejar su cargo. La versión fue confirmada por el titular de la SEP, Mario Delgado, quien señaló que se le planteó representar a México en un país de América Latina.
El ofrecimiento ha sido interpretado en círculos políticos como una forma de relevo discreto más que como un nombramiento por méritos diplomáticos. No sería un caso aislado. De acuerdo con versiones internas, el gobierno federal ha recurrido en otras ocasiones a enviar al extranjero a personajes considerados incómodos, manteniéndolos dentro de la nómina pública. Un ejemplo reciente es el del exfiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien fue enviado al Reino Unido tras convertirse en una figura polémica para la autodenominada Cuarta Transformación.
A la salida de Arriaga se suman señalamientos más delicados. Extrabajadores de la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP aseguran que, tras su remoción, existen múltiples irregularidades por investigar, entre ellas presuntos cobros ilegales a personal por honorarios. Según los testimonios, dichas cuotas habrían sido exigidas por Sady Arturo Loaiza Escalona, de origen venezolano, a quien Arriaga colocó dentro de la dependencia. Los denunciantes sostienen que estos “moches” eran una condición para conservar el empleo, lo que contrasta con el discurso oficial de no robar, no mentir y no traicionar.
En el ámbito legislativo, este día podría anunciarse el cierre definitivo del salón de belleza del Senado, luego de una revisión interna. La decisión sería comunicada por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, a los coordinadores parlamentarios en una reunión programada por la tarde. El tema ha abierto el debate sobre la permanencia de servicios similares en la Cámara de Diputados, donde operan dos estéticas, bajo el argumento de que ambas cámaras deberían contar con los mismos servicios.
Por otra parte, en Campeche persiste un clima de tensión política. Tras suspender sesiones para evitar presuntos hostigamientos del gobierno estatal, el Congreso local retomaría actividades la próxima semana. Legisladores enfrentados con la gobernadora Layda Sansores habrían salido temporalmente de la entidad por temor a represalias. Incluso se señala que el presidente del Congreso, José Antonio Jiménez, se mantiene en la Ciudad de México mientras se resuelve un amparo que, hasta ahora, no ha sido concedido.
El caso recuerda la detención previa del exrector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Alberto Abud, quien también se enfrentó políticamente a la gobernadora. Los episodios recientes exhiben fricciones internas, presuntas prácticas irregulares y el uso de salidas políticas que, lejos de cerrar conflictos, parecen profundizar el desgaste dentro de la llamada Cuarta Transformación.
