Agencias
México.- Una presunta red de contrabando de combustible —conocida como huachicol fiscal— habría operado al interior de la Secretaría de Marina (Semar) con la participación de al menos 34 elementos navales, de acuerdo con una investigación abierta por la Fiscalía General de la República (FGR).
El caso salió a la luz tras la difusión de un audio revelado por Aristegui Noticias, en el que el contralmirante Fernando Guerrero Alcántar presuntamente denunció ante el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, la existencia de una red criminal vinculada al tráfico ilegal de combustible y presuntos vínculos con el crimen organizado. En la grabación también se menciona la supuesta participación de familiares políticos del exsecretario. Guerrero Alcántar fue asesinado en noviembre de 2024.
Aunque la Marina informó en su momento que no encontró irregularidades tras una revisión interna, la FGR mantiene abierta una causa penal para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.
¿Quiénes son los señalados?
De acuerdo con reportes periodísticos, la red habría operado en aduanas estratégicas como Altamira, Dos Bocas, Ensenada, Guaymas, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Veracruz y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Entre los nombres mencionados se encuentran el almirante José Luis Arellano Ruiz, señalado como presunto operador clave; el capitán de corbeta Miguel Solano, quien habría recolectado recursos en distintas aduanas; y el capitán Clímaco Aldape Utrera, quien presuntamente realizaba trámites administrativos para facilitar operaciones.
También se menciona al teniente de navío Octavio Sánchez Alatorre, comisionado en Guaymas, señalado por supuestos vínculos con grupos delictivos; al vicealmirante Miguel Rivas Hernández; al almirante Raúl Pérez Vázquez; y a otros mandos que habrían ocupado posiciones estratégicas en puertos y áreas administrativas.
Según las investigaciones, la red habría generado ingresos millonarios mediante el cobro de sobornos para permitir el ingreso irregular de combustible y mercancías al país. Algunos reportes estiman que la recaudación podría haber superado los 50 millones de pesos semanales.
Investigación en curso
Hasta el momento, no se han informado sentencias ni responsabilidades definitivas. La FGR continúa con las indagatorias para determinar la veracidad de las acusaciones y deslindar responsabilidades dentro de la institución naval.
El caso ha generado cuestionamientos sobre los mecanismos de control y supervisión en las aduanas y sobre la posible infiltración del crimen organizado en estructuras de seguridad federal.
