De la redacción
El Buen Tono
Documentos atribuidos a la estructura financiera de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, dejaron al descubierto la forma en que el crimen organizado distribuía recursos para sostener operaciones en distintos municipios de Jalisco. Los registros detallan pagos de sueldos a operadores armados, entregas de dinero a informantes, así como presuntos pagos a policías y autoridades, además de ingresos provenientes de actividades ilícitas como la explotación de máquinas tragamonedas.
La información fue asegurada por la Secretaría de la Defensa Nacional y fuerzas federales durante operativos contra esta estructura criminal. De acuerdo con reportes periodísticos, los archivos contienen apuntes detallados sobre entradas y salidas de dinero, lo que evidencia un control administrativo más organizado de lo que comúnmente se atribuye al crimen organizado.
Entre los gastos registrados aparecen pagos periódicos destinados a mantener la lealtad de integrantes y coordinadores regionales. Los operadores con mayor rango recibían cantidades más altas dependiendo de su zona de influencia, mientras que los informantes obtenían montos menores de forma constante a cambio de alertar sobre movimientos de autoridades o grupos rivales.
Además del tráfico de drogas, los documentos señalan ingresos derivados del control de máquinas tragamonedas instaladas en diversos puntos, una actividad ilegal que generaba flujo constante de efectivo. Estas ganancias eran integradas a la contabilidad interna para cubrir sueldos, sobornos y otros gastos operativos.
Las cifras registradas reflejan movimientos por millones de pesos distribuidos en distintos municipios, lo que indica un seguimiento constante de recursos y obligaciones dentro de la organización. El esquema descrito muestra que el control territorial no dependía únicamente de la capacidad armada, sino también de una red económica basada en pagos regulares y vigilancia permanente.
Especialistas en seguridad señalan que este tipo de administración facilita la permanencia del crimen organizado en distintas regiones, al garantizar ingresos constantes y la distribución estratégica de recursos. La documentación asegurada ofrece así un panorama más amplio sobre la dimensión financiera de estas operaciones y el sistema interno que permitió sostenerlas durante años.
