De la redacción
El Buen Tono
Córdoba, Ver.- La exclusión de Vania López González del listado de 31 exfuncionarios citados por inconsistencias en la entrega-recepción ha intensificado los cuestionamientos contra el gobierno del alcalde Manuel Alonso Cerezo, en medio de acusaciones políticas que incluso la califican como “la regidora de la corrupción”.
Aunque Cerezo afirmó ante sus pasquineros que las observaciones abarcan áreas estratégicas como Tesorería, Contraloría, Obras Públicas, Comercio, Desarrollo Social, Comunicación Social y Compras, la exsíndica —quien fungió como apoderada legal del Ayuntamiento durante la administración anterior— no fue incluida en el procedimiento.
Desde esa posición, la hoy integrante del Cabildo tuvo bajo su responsabilidad la representación jurídica del municipio, la validación de contratos y el acompañamiento legal de actos administrativos que actualmente forman parte de la revisión institucional. Por ello, sectores críticos consideran incongruente que no sea llamada a comparecer.
Asimismo, el proceso también involucra al exalcalde Juan Martínez Flores, cuya notificación fue enviada a un despacho jurídico en Xalapa. Sin embargo, el eje del debate público se centra en la omisión de la exresponsable del área legal, situación que ha derivado en señalamientos sobre un posible entendimiento político que limitaría el alcance de la fiscalización.
