En apenas dos meses, la administración de Manuel Alonso Cerezo acumula más de 60 quejas y recursos de revisión ante la Contraloría General del Estado. Detrás de la cifra se esconde un patrón sistemático de evasión, dilación dolosa, respuestas incompletas y simulación que violenta el derecho fundamental de acceso a la información.
ALEJANDRO AGUILAR
EL BUEN TONO
CÓRDOBA, VER. – El discurso oficial del Ayuntamiento pregona “puertas abiertas”, sin embargo, los expedientes que ya acumula la Contraloría General del Estado dibujan una situación contraria y crítica: una administración que ha hecho de la falta de transparencia su principal herramienta de gestión.
Al menos 60 recursos de revisión han sido interpuestos contra el gobierno municipal en lo que va del año, según el registro de la Unidad de Transparencia. La cifra, inusualmente alta para el arranque de un trienio, revela un modus operandi donde las respuestas evasivas, los tecnicismos y la derivación improcedente de solicitudes se han convertido en la norma.
El derecho de acceso a la información, consagrado en el artículo 6° constitucional, no es una concesión graciosa de los gobiernos. Es un mecanismo de control ciudadano que obliga a las autoridades a responder de manera veraz, completa y oportuna. Cuando un Ayuntamiento niega sistemáticamente la información, no solo incumple la ley: fractura la confianza ciudadana y siembra sospechas sobre el manejo de los recursos públicos. En Córdoba, esa fractura es cada vez más profunda.
LA MANIOBRA DILATORIA COMO POLÍTICA INSTITUCIONAL
El expediente IVAI-REV/0688/2025/I y su acumulado es una radiografía perfecta del método. La Contraloría General del Estado descubrió que, durante el proceso de entrega-recepción, el Ayuntamiento de Córdoba ni siquiera estaba dado de alta en la Plataforma Nacional de Transparencia. Una omisión grave que impide a los ciudadanos acceder a las obligaciones de transparencia y que retrasa cualquier solicitud de información.
La respuesta del municipio no fue sancionar a los responsables, sino argumentar la falta y solicitar un plazo para regularizarse. La maniobra, que en apariencia resuelve un problema técnico, evidencia una estrategia más profunda: dilatar los procesos para que la información llegue tarde, incompleta o, simplemente, no llegue.
Otro caso emblemático es el recurso IVAI-REV/0689/2025/II, derivado de la solicitud sobre la infiltración de personal allegado a Manuel Alonso Cerezo en la estructura municipal. El alcalde Juan Martínez Flores admitió públicamente, en el cabildo del 25 de julio, que había cedido el control operativo a Cerezo antes de que el Tribunal Electoral validara su triunfo y a meses de que la entrega-recepción fuera legal. Sin embargo, la entonces titular de Recursos Humanos, Lucero Loyo Pérez, respondió con un oficio donde afirmaba que no existía registro alguno de ese personal. Una contradicción flagrante entre la palabra del edil y los archivos oficiales que derivó en un nuevo recurso ante la Contraloría.
VANIA LÓPEZ GONZÁLEZ: CONFLICTO DE INTERÉS Y RESPUESTAS FALSAS
El caso de la exsíndica y actual regidora novena, Vania López González, añade una capa más de complejidad y señalamientos. Dos solicitudes de información, vinculadas entre sí, exponen una trama de posibles conflictos de interés y respuestas mendaces.
El folio 950546126000125 solicitó información detallada sobre sus programas ejecutados durante la gestión de López González como síndica única. La respuesta, sin embargo, no provino de su oficina ni de las áreas operativas, sino de la actual síndica, Irene Sedas González. A través de múltiples oficios (SU/00796/2026, SU/0082/2026, SU/0079/2026, SU/0077/2026), Sedas respondió de forma idéntica: “no se encontró ninguna información”.
Así entonces, se recurrió ante la Contraloría, acusando una “maniobra de evasión improcedente y posible falsedad en la respuesta”. El argumento es contundente: “La actual síndica no es la titular de la información ni la autoridad que ejecutó los programas. Derivar la solicitud a ella, sabiendo que no posee los archivos, es una maniobra dilatoria que viola el principio de buena fe y la obligación de búsqueda adecuada”.
Apenas 24 horas después, se registró un nuevo folio (950546126000278), esta vez dirigido de forma directa y nominal a Vania López González. La solicitud, precisa y exhaustiva, pedía el presupuesto, facturas, padrones de beneficiarios y actas constitutivas de ambos programas. Pero la novedad no era solo la precisión, sino una advertencia formal: se puso en conocimiento de la Contraloría que Itzel López González, hermana de Vania e integrante del Comité de Transparencia, debía inhibirse de conocer el asunto.
