De la Redacción
El Buen Tono
Fortín.- El desorden vial heredado del gobierno de Gerardo Rosales Victoria, no sólo persiste, sino que es un riesgo administrativo y legal para el gobierno en turno, al mantenerse las boyas metálicas y topes instalados fuera de la normativa federal, los cuales ya provocan daños constantes a vehículos particulares y de transporte.
De acuerdo con la regulación vigente emitida por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, los reductores de velocidad deben cumplir criterios técnicos claros establecidos en la NOM-034-SCT2/SEDATU-2022 y en el Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito.
Estas disposiciones señalan que los topes no pueden colocarse de manera indiscriminada, ni en vialidades de flujo continuo, pendientes, curvas peligrosas o zonas sin adecuada señalización e iluminación.
En Fortín, ocurre exactamente lo contrario a la norma.Las boyas metálicas y topes heredados fueron colocados sin estudios de impacto vial visibles, sin aforos vehiculares, y fuera de zonas justificadas como áreas escolares o de alto cruce peatonal.
Automovilistas denuncian golpes en suspensión, llantas dañadas y afectaciones mecánicas, consecuencia directa de dispositivos que no cumplen dimensiones, materiales ni ubicación reglamentaria.
Especialistas en movilidad advierten que el uso incorrecto de estos reductores no sólo no reduce riesgos, sino que los incrementa, al provocar daños en las suspensiones de los vehículos, invasión de carriles y accidentes menores constantes. Además, cuando se instalan de forma consecutiva, la normativa establece distancias específicas, de hasta 50 a 200 metros, para garantizar una reducción progresiva de velocidad, criterio que tampoco se respeta en el municipio.
Si bien el origen del problema está claramente identificado en la administración anterior, la permanencia de estos obstáculos fuera de norma comienza a trasladar la responsabilidad al gobierno actual.
La omisión de revisar, retirar o corregir dispositivos ilegales puede derivar en reclamaciones ciudadanas, responsabilidades patrimoniales y observaciones administrativas.
Hasta ahora, el alcalde Alfonso “Piccolo” Marín no ha presentado un diagnóstico técnico ni un plan público de corrección, lo que mantiene vigente una infraestructura vial cuestionada desde su origen y hoy abiertamente irregular.
