ALEJANDRO AGUILAR
EL BUEN TONO
CÓRDOBA.- El discurso oficial del ayuntamiento presume “puertas abiertas”, pero los expedientes ante la Contraloría muestran lo contrario: una gestión basada en la opacidad. En lo que va del año ya se han interpuesto más de 60 recursos de revisión contra el gobierno municipal, cifra inusualmente alta para el inicio de un trienio. Las respuestas evasivas y tecnicismos se han vuelto la norma, vulnerando el derecho de acceso a la información del artículo 6° constitucional. Negar datos de forma sistemática no solo incumple la ley: rompe la confianza ciudadana y alimenta sospechas sobre el manejo de recursos públicos. En Córdoba, esa fractura se profundiza cada vez más.
El expediente IVAI-REV/0688/2025/I evidenció que, durante la entrega-recepción, el ayuntamiento de Córdoba ni siquiera estaba registrado en la Plataforma Nacional de Transparencia, lo que impidió a los ciudadanos acceder a información básica. En lugar de sancionar, el municipio pidió plazo para regularizarse, mostrando una estrategia de dilación para entregar datos tarde o incompletos.
El recurso IVAI-REV/0689/2025/II surgió tras una solicitud sobre personal ligado a Manuel Alonso Cerezo.
Aunque el exalcalde Juan Martínez Flores admitió en cabildo que cedió control operativo a Cerezo antes de la validación electoral, la entonces titular de Recursos Humanos, Lucero Loyo Pérez, negó registros de ese personal. La contradicción entre dichos oficiales y archivos derivó en un nuevo recurso ante la Contraloría. La exsíndica y hoy regidora, Vania López González, se encuentra en el centro de una trama de evasivas legales. Mediante el folio 950546126000125, se exigió transparencia sobre los programas de su gestión anterior, pero la respuesta fue una burla: la actual síndica, Irene Sedas, contestó a nombre de Vania con un cínico “no se encontró nada”.
La Contraloría recibió denuncia por falsedad institucional: derivar solicitudes a terceros es una maniobra dilatoria para ocultar archivos y proteger a la regido-
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