**El Alcalde buscó “tajada” del presupuesto federal
Alejandro Aguilar
EL BUEN TONO
Córdoba, Ver.- A casi tres décadas de su apertura, la oficial receptora de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Córdoba ha dejado de operar. Fuentes internas del módulo y el propio personal señalan directamente al alcalde Manuel Alonso Cerezo y a los regidores del Ayuntamiento como responsables de lo que consideran “un golpe” a los derechos de los consumidores, en una decisión envuelta en acusaciones de presuntas irregularidades administrativas.
La versión que circula al interior es que el Ayuntamiento habría tomado la decisión de retirar la oficina, presuntamente con un acuerdo de regidores para no continuar con el convenio de colaboración que permitía su funcionamiento.
Tras 29 años de servicio, el “limbo” administrativo
La gravedad de la situación contrasta con la historia de la oficina. En 2017, el módulo cordobés celebró 20 años de existencia con un reconocimiento por su labor de conciliación inmediata, llegando a atender a cientos de consumidores al año. Para 2026, esa trayectoria de 29 años defendiendo a los cordobeses se ha esfumado.
Desde el inicio de la administración de Manuel Alonso Cerezo, la oficina entró en un proceso de entrega-recepción inconcluso que la mantuvo paralizada. Según las fuentes, la indefinición sobre la ratificación del personal ha sido total. A inicios de año, Mario Castañeda Tejeda, quien aún figura como titular, ya advertía: “No te van a atender, toda vez que no está en funcionamiento, lamentablemente (…) De hecho, ya ni letrero hay que señale la oficina”.
La acusación: ¿Un interés ilegal en el presupuesto federal?
Fuentes cercanas al módulo aseguran que el alcalde Manuel Alonso Cerezo habría buscado obtener una parte del presupuesto federal que la Profeco destina a la operación del módulo. Sin embargo, dichos recursos son etiquetados y su desvío o “tandeo” sería una falta grave.
Como señala el personal en las conversaciones filtradas: “Trabajan sin trabajar (…) eso sí, la paga, no falta”, haciendo referencia a que los empleados sindicalizados siguen cobrando, pero sin poder laborar, mientras que la ciudadanía es la principal afectada.
La sospecha es que, al no poder obtener una “tajada” de un presupuesto que por ley es intocable para un municipio, el alcalde habría optado por presionar para eliminar el módulo, en un acto que, de confirmarse, configuraría una clara aversión a un servicio que, aunque no le genera ingresos directos, representa un ahorro invaluable para los bolsillos de los ciudadanos.
