Sandra González
El Buen Tono
Orizaba.- La intervención policiaca en la manifestación realizada en el Palacio Municipal debido al ecocidio en el vaso regulador de El Chirimoyo no sólo tensó la relación entre autoridades y ambientalistas, sino que dejó al descubierto una preocupante descoordinación al interior del ayuntamiento.
Para el analista político Darío Canek Arenzano Altaif, resulta preocupante que decisiones operativas de alto impacto se tomen sin que el presidente municipal, Hugo Chahín Kuri, tenga pleno conocimiento del despliegue de personal antimotines, y que la jefa de Gabinete, Michelle Fragoso Martínez, admita desconocer el despliegue de 20 patrullas en la zona norte de la ciudad.
El propio alcalde reconoció posteriormente la existencia de elementos antimotines, luego de que se le mostraran evidencias fotográficas. Inicialmente negó el hecho. Más tarde aceptó que el operativo pudo haber sido “exagerado”, justificándose como una medida para salvaguardar a las familias y realizar trabajos de limpieza que -dijo- no se habían efectuado en más de dos años, responsabilizando implícitamente a la administración anterior por esa omisión.
Sin embargo, el contexto contradice la narrativa oficial. Desde hace siete años, ciudadanos y activistas han trabajado en la recuperación ambiental de El Chirimoyo. Previo al conflicto, sostuvieron reuniones con autoridades municipales; incluso, la regidora primera y la tercera se comprometieron a respaldar el proyecto ecológico. El lunes, esas promesas se diluyeron ante la presencia de un operativo que, lejos de dialogar, envió un mensaje de intimidación.
Para Arenzano Altaif, lo ocurrido refleja una política municipal que ha normalizado el uso de la fuerza frente a la disidencia ciudadana. Señaló directamente al responsable de la Policía Municipal, Jesús Ignacio Villalobos Santos, como quien habría decidido la llegada de los antimotines, calificando la acción como un exceso innecesario y propio de una lógica represiva.
“Es una agresión que no tenía razón de ser; no se trataba de un conflicto violento, sino de ciudadanos expresándose”, sostuvo.
Más grave aún es la fractura interna que evidencian las declaraciones oficiales. Si el alcalde no fue informado oportunamente y la jefa de Gabinete tampoco estaba enterada, el problema no es menor: existe una estructura administrativa donde los directores actúan con autonomía desmedida o, peor aún, donde la información fluye de manera parcial hacia la cabeza del gobierno municipal.
En cualquiera de los casos, la gobernabilidad queda en entredicho.
El edil tendrá ahora que emprender un trabajo de conciliación con los colectivos ambientales y con la ciudadanía en general. La exigencia central es detener la confrontación que erosiona la confianza pública y reafirmar que en Orizaba la autoridad debe ejercerse con diálogo y transparencia, no con intimidación.
