Sandra González
El Buen Tono
Orizaba.- Con las consignas “No más ecocidio”, “El Chirimoyo existe y resiste” y “Danos la cara”, integrantes de la comunidad de El Chirimoyo se manifestaron por la intervención en el humedal y confirmaron una queja formal ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por la detención que calificaron como violenta y arbitraria contra una manifestante.
El despliegue de la Policía Municipal ha sido uno de los puntos más críticos de la denuncia, siendo calificado por los ciudadanos como “desmedido” e injustificado. Señalaron la presencia de grupos antimotines y agentes portando armas de alto calibre, tanto en la zona del humedal como en las inmediaciones del Palacio Municipal. Esta exhibición de fuerza es señalada como una táctica de amedrentamiento que contraviene estándares internacionales de actuación policial, específicamente los lineamientos de la Commission on Accreditation for Law Enforcement Agencies (CALEA).
En el plano administrativo, el movimiento rechaza categóricamente la clasificación oficial de El Chirimoyo como un “vaso regulador artificial”. Los activistas sostienen que esta etiqueta es una justificación política para intervenir el ecosistema sin respetar su verdadera naturaleza como humedal con funciones ecológicas y fauna silvestre sujeta a protección. Ante lo que consideran un “ecocidio” encubierto, el colectivo anunció la interposición de una denuncia formal ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para frenar las obras.
La responsabilidad de las afectaciones ambientales ha sido señalada hacia Aldo Israel Peña Huerta, coordinador de biólogos, a quien acusan de encabezar la extracción ilegal de especies. De acuerdo con las denuncias, el personal del área de Ecología y de la UMA (Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre) realizó el retiro de fauna sin apego a la normatividad ambiental vigente. Para la comunidad, estas acciones bajo mando oficial constituyen una violación directa a las leyes de protección animal y equilibrio ecológico.
La tensión alcanzó un punto álgido este 4 de marzo de 2026, cuando las autoridades optaron por cerrar los accesos al Palacio Municipal ante la llegada de los manifestantes. Este bloqueo físico del inmueble público fue interpretado como una negativa sistemática al diálogo y una medida de exclusión ciudadana.
