Alejandro Aguilar
El Buen Tono
Córdoba.- A casi tres décadas de su apertura, la oficial receptora de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Córdoba ha dejado de operar. Fuentes internas del módulo y el propio personal señalan directamente al alcalde Manuel Alonso Cerezo y a los regidores del ayuntamiento como responsables de lo que consideran “un golpe” a los derechos de los consumidores, en una decisión envuelta en acusaciones de presuntas irregularidades administrativas.
La versión que circula al interior es que el ayuntamiento habría tomado la decisión de retirar la oficina, con un acuerdo de regidores para no continuar con el convenio de colaboración que permitía su funcionamiento.
La gravedad de la situación contrasta con la historia de la oficina. En 2017, el módulo cordobés celebró 20 años de existencia con un reconocimiento por su labor de conciliación inmediata, llegando a atender a cientos de consumidores al año. Para 2026, esa trayectoria de 29 años defendiendo a los cordobeses se ha esfumado.
Desde el inicio de la administración de Manuel Alonso Cerezo, la oficina entró en un proceso de entrega-recepción inconcluso que la mantuvo paralizada. Según las fuentes, la indefinición sobre la ratificación del personal ha sido total. A inicios de año, Mario Castañeda Tejeda, quien aún figura como titular, ya advertía: “No te van a atender, toda vez que no está en funcionamiento, lamentablemente (…) De hecho, ya ni letrero hay que señale la oficina”.
Fuentes cercanas al módulo aseguran que el alcalde Manuel Alonso Cerezo habría buscado obtener una parte del presupuesto federal que la Profeco destina a la operación del módulo. Sin embargo, dichos recursos son etiquetados y su desvío o “tandeo” sería una falta grave.
Como señala el personal en las conversaciones filtradas: “Trabajan sin trabajar (…) eso sí, la paga, no falta”, haciendo referencia a que los empleados sindicalizados siguen cobrando, pero sin poder laborar, mientras que la ciudadanía es la principal afectada.
La sospecha es que, al no poder obtener una “tajada” de un presupuesto que por ley es intocable para un municipio, el alcalde habría optado por presionar para eliminar el módulo, en un acto que, de confirmarse, configuraría una clara aversión a un servicio que, aunque no le genera ingresos directos, representa un ahorro invaluable para los bolsillos de los ciudadanos.
La decisión adquiere un tinte aún más crítico si se recuerda el contexto reciente. La oficina de Profeco en Córdoba era una de las pocas instancias a las que los usuarios podían acudir para presentar quejas formales contra Hidrosistema, la paramunicipal de agua.
Durante el año pasado, el organismo recibió decenas de reclamos por cobros indebidos e inconsistencias en el servicio. La desaparición del módulo deja a los usuarios de Córdoba sin una vía de conciliación inmediata y los obliga a trasladarse a la ciudad de Veracruz para iniciar cualquier procedimiento, un costo de tiempo y dinero que muchos no podrán costear.
“Que se vayan a Veracruz, vaya respuesta. En fin, así las cosas”, lamentaban las fuentes consultadas.
Ante este panorama, la complicidad del Cabildo es señalada como fundamental. “Por acuerdo del ayuntamiento (según ellos), se retira la oficina de Profeco en Córdoba”, revelan desde el interior. Los regidores, al avalar o no objetar esta decisión, se convierten en piezas clave para consumar lo que los trabajadores califican como “dinero mal invertido, sueldos sin resultados”.
