Xalapa, Ver.— El Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) integró a la Plataforma Digital Anticorrupción de Veracruz los nombres de los primeros 15 exservidores públicos sancionados por faltas administrativas graves, entre ellos Joana Marlen Bautista Flores, exdirectora general de Administración del Poder Judicial del Estado, quien fue inhabilitada por 10 años tras detectarse irregularidades en contrataciones.
De acuerdo con los registros oficiales, la sanción deriva de daño patrimonial relacionado con contratos otorgados a empresas de reciente creación o no localizables, lo que generó observaciones administrativas por decenas de millones de pesos. Las anomalías fueron detectadas tras una auditoría interna que documentó más de 30 observaciones en el manejo de recursos durante su gestión.
En la misma plataforma también aparece Manuela Saldaña Ríos, exsubdirectora de Recursos Financieros del Poder Judicial, quien fue inhabilitada por 10 años, de septiembre de 2024 a septiembre de 2034, por irregularidades en la gestión de bienes y servicios.
Asimismo, se registra la sanción de cinco años de inhabilitación para Angélica Sánchez Hernández, exjueza de control, señalada por abuso de atribuciones al intentar documentar hechos inexistentes durante el ejercicio de su cargo.
La lista también incluye a exfuncionarios de otras dependencias, como Jovita Cortés Guzmán, exsíndica del ayuntamiento de Tlilapan, sancionada con 10 años de inhabilitación por negarse a entregar la firma electrónica municipal, lo que derivó en multas fiscales del SAT contra el municipio.
Entre los nombres publicados también figuran Felipe Hernández Franco, exsubjefe de la Jurisdicción Sanitaria IV, inhabilitado por una década por negligencia administrativa, y Maricela López Domínguez, exsecretaria técnica de un fideicomiso turístico, quien cumplió una sanción de un año por violaciones a la normativa presupuestal.
Las sanciones forman parte de las primeras resoluciones incorporadas a la Plataforma Digital Anticorrupción de Veracruz, herramienta que busca transparentar las faltas graves cometidas por servidores públicos y evitar que vuelvan a ocupar cargos dentro de la administración pública.
