Alejandro Ávila
Veracruz, Ver.- Tras una minuciosa investigación se detectó un presunto desfalco de 133 millones de pesos en la pasada administración municipal de Santiago Tuxtla, misma que encabezó la panista Kristel Hernández Topete.
Ante esta situación, el alcalde Noé Domínguez Cadena dio a conocer en rueda de prensa que presentará siete denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción, pues detectaron falta de pago de impuestos federales y estatales, así como 64 obras con inconsistencias, lo que genera un grave daño patrimonial al municipio.
De la misma manera, señaló que buscará la inhabilitación de varios exfuncionarios públicos, sobre todo de los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal.
El alcalde morenista dio a conocer que varias de las inconsistencias fueron detectadas entre 2024 y 2025, periodo en el que la exalcaldesa no ha podido comprobar una importante suma económica del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN). Tan solo en el rubro de obra pública, las observaciones rebasan los 80 millones de pesos.
Pero el golpe más fuerte no está solo en las obras. Noé Cadena reveló que la administración anterior dejó adeudos fiscales por alrededor de 53.7 millones de pesos, dinero que, según afirmó, sí estaba presupuestado, pero nunca se pagó.
Entre los pendientes detectados se encuentran retenciones de ISR no enteradas a la federación, falta de pago del 3% sobre la nómina, derechos y obligaciones incumplidas con Hacienda estatal y federal, entre otros adeudos que dejó la anterior administración.
“Ese dinero lo tenían, lo presupuestaron, pero simplemente no lo pagaron”, señaló el alcalde, quien advirtió que estas omisiones hoy tienen consecuencias directas para el municipio, ya que las participaciones federales llegan con descuentos por multas, recargos y créditos fiscales generados por esos incumplimientos.
Sumado a esto, informó que la Auditoría Superior de la Federación ya notificó una observación adicional por 16 millones de pesos, considerada como falta grave, por lo que ordenó abrir una investigación administrativa al área de Contraloría Interna, que podría derivar en sanciones e inhabilitaciones.
“Desde el primer día estamos estirando los recursos. A pesar de que no había dinero, fuimos de los pocos ayuntamientos que pagaron la primera quincena y seguimos cumpliendo nuestras obligaciones para que la población sea la menos afectada”, dijo.
