Efraín Hernández
El Buen Tono
Fortín.- El estado que hoy registra la Barranca de San Miguel tiene origen en decisiones tomadas en el pasado reciente. Buena parte del desorden administrativo que pesa sobre este espacio natural se gestó durante la administración municipal 2022-2025, que encabezó Gerardo Rosales Victoria.
El gobierno municipal presumió en su momento la supuesta declaratoria de la Barranca de San Miguel como Área Natural Protegida; sin embargo, jamás se presentaron con claridad los documentos oficiales que respaldaran esa determinación. Ni acuerdos de Cabildo, ni dictámenes ambientales, ni planos de delimitación fueron difundidos oportunamente para los ciudadanos.
Omisión
Fue un periodo marcado por la opacidad y la falta de explicaciones públicas sobre determinaciones que terminaron por comprometer patrimonio y territorio del lugar.
Lejos de transparentar acciones relevantes, el gobierno optó por mantener en silencio diversos movimientos administrativos.
Entre ellos destaca la adquisición del inmueble donde actualmente opera la Comisión de Agua y Saneamiento de Fortín (CASF), una operación que hasta ahora permanece envuelta en interrogantes sobre su costo real, condiciones de pago y dependencia responsable de concretar la transacción.
Ante esa cadena de omisiones, lo que también es corrupción, una solicitud formal de acceso a la información busca que el ayuntamiento de Fortín entregue contratos, escrituras, actas oficiales y estudios técnicos que expliquen qué ocurrió realmente durante la administración anterior.
El trámite tiene como objetivo, por una parte, aclarar si la compra del inmueble de la CASF se realizó en ese lapso y si existe sustento legal para la declaratoria ambiental anunciada.
De confirmarse la ausencia de documentación o irregularidades en los procedimientos, quedará en evidencia que la gestión de Rosales Victoria actuó con negligencia y dejó una herencia de incertidumbre institucional.
Dicha situación, por otro lado, mantiene en entredicho el futuro de la Barranca de San Miguel, un espacio natural que debió protegerse con seriedad, sin convertirla en símbolo de opacidad gubernamental.
