De la Redacción
El Buen Tono
Córdoba.- Con un salario de 16 mil 200 pesos netos al mes, jornadas de 12 por 12 horas y contratos renovables cada 30 días que los excluyen de prestaciones básicas como aguinaldo o antigüedad, los elementos de la Policía Municipal de Córdoba operan bajo un esquema que los coloca en la indefensión laboral.
La denuncia, documentada por este medio, revela que los agentes son obligados a firmar hojas en blanco utilizadas para renunciar a derechos sin saberlo, mientras la autoridad municipal les sugiere buscar otro empleo porque “ahí no hay futuro”.
La pregunta que surge de manera inevitable ante este panorama es: ¿Manuel Alonso Cerezo, alcalde de Córdoba, paga poco o les roba a los policías municipales? Un ejercicio comparativo con otros municipios y entidades del país permite dimensionar la precarización que enfrenta la corporación local.
El salario neto de 16 mil 200 pesos mensuales que percibe un policía cordobés contrasta de manera alarmante con el contexto económico y legal de México en 2026. De acuerdo con el aumento al salario mínimo general anunciado por la presidencia para este año, un trabajador en Veracruz debe percibir al menos 9 mil 582.47 pesos mensuales.
Esto significa que, aunque el ingreso supera el salario mínimo, continúa siendo insuficiente frente al nivel de riesgo y responsabilidad que implica el trabajo policial. En términos laborales, el ayuntamiento mantiene un esquema cuestionado por la precariedad en prestaciones y estabilidad.
La brecha se vuelve más evidente si se observa lo que ocurre en otras regiones del país. Por ejemplo, en San Luis Potosí, el Congreso del Estado aprobó en febrero de 2026 una reforma constitucional que establece un salario mínimo de 14 mil pesos netos mensuales para todos los policías municipales. La medida, aprobada por unanimidad, busca garantizar la dignidad laboral y reducir los riesgos de corrupción, estableciendo incluso responsabilidades administrativas para los alcaldes que incumplan.
Incluso dentro de la propia geografía veracruzana, la diferencia es notoria. Mientras en Córdoba los sueldos siguen siendo objeto de críticas por las condiciones laborales, la Policía Municipal de Veracruz Puerto ha lanzado convocatorias de empleo con sueldos de hasta 18 mil 500 pesos, cifra superior a la percepción de muchos agentes en la región y que, según comentarios ciudadanos en redes, sigue siendo insuficiente “para quien arriesga la vida”.
Más allá del salario, el modelo de contratación en Córdoba es un mecanismo de control y sumisión. Los contratos por tiempo fijo, renovables cada mes, fragmentan la relación laboral de forma que el trabajador nunca acumula antigüedad. La cláusula tercera de estos contratos especifica que al concluir el plazo, la relación termina “sin responsabilidad de ninguna naturaleza para el ayuntamiento”, anulando cualquier derecho a finiquito o indemnización.
A esto se suma la denuncia interna más grave: la exigencia de firmar hojas en blanco. Esta práctica, calificable como mezquina, elimina cualquier posibilidad de reclamo futuro, pues el trabajador ha firmado su propia indefensión. No hay seguro de vida, no hay certeza laboral, y el mensaje de la autoridad es claro: el policía existe para cumplir, no para exigir.
La ciudadanía enfrenta cotidianamente actuaciones policiales arbitrarias y solicitudes de dinero. La percepción social identifica al policía como un victimario, como “un ladrón uniformado”. Sin embargo, el circuito de la precarización revela que el abuso no es un acto de maldad gratuita, sino la consecuencia de una estructura laboral depredadora.
Un trabajador que gana 16 mil 200 pesos mensuales, que no tiene seguro de vida, que sabe que su empleo puede terminar mañana sin ninguna compensación y que ha firmado su renuncia a derechos en hojas en blanco, opera desde la incertidumbre laboral. La famosa “mordida” se convierte en la búsqueda de ingresos que el salario no cubre. El maltrato al ciudadano es la expresión de una frustración acumulada contra un sistema que lo trata como desechable.
Mientras en San Luis Potosí se legisla para que ningún policía gane menos de 14 mil pesos como medida de combate a la corrupción, en Córdoba Manuel Alonso Cerezo mantiene un esquema laboral cuestionado por las condiciones de contratación, la falta de prestaciones y la incertidumbre laboral.
La diferencia no es menor. No se trata sólo de una cifra en el recibo de pago; se trata de un modelo que empuja a los guardianes del orden a operar bajo presión laboral constante.
Al no garantizar estabilidad y prestaciones dignas, el gobierno municipal no sólo afecta a sus policías, sino que también impacta a la ciudadanía en forma de abusos, corrupción e inseguridad. En Córdoba, la precarización laboral sigue siendo un factor que alimenta el problema de la seguridad pública.
