Agencias
México.- Organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos expresaron su preocupación y condenaron la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa en contra de la activista Emma Zermeño, quien fue sancionada por presunta violencia política de género tras la filtración de mensajes privados de WhatsApp en los que criticaba a la diputada de Morena Almendra Negrete Sánchez.
El caso generó controversia luego de que una conversación privada entre Zermeño y un conocido fuera difundida públicamente, lo que derivó en una denuncia presentada por la legisladora. En una primera instancia, el tribunal electoral en Sinaloa determinó que la falta era inexistente; sin embargo, posteriormente el caso fue llevado ante otra instancia judicial en Guadalajara, donde se concluyó que sí existía una infracción, lo que derivó en la imposición de sanciones económicas que podrían alcanzar hasta los 300 mil pesos, además de restricciones para que la activista se mantenga alejada de la diputada y evite realizar declaraciones sobre ella.
Ante esta situación, la Iniciativa Sinaloa y la Red de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos manifestaron su inquietud por el precedente que podría sentar este caso, al advertir que utilizar conversaciones privadas como base para sancionar expresiones podría abrir la puerta a prácticas de censura indirecta y vulnerar derechos fundamentales como la privacidad, la libertad de expresión y el debido proceso.
En un comunicado, las organizaciones señalaron que este asunto abre un debate de fondo sobre los límites entre la protección contra la violencia política en razón de género y la garantía de derechos fundamentales, particularmente cuando se trata de opiniones o críticas dirigidas a personas que ejercen cargos públicos. Por ello, hicieron un llamado a revisar los criterios utilizados en este tipo de resoluciones para evitar que las herramientas legales creadas para proteger a las mujeres sean utilizadas de manera desproporcionada o selectiva.
