Efraín Hernández
El Buen Tono
Córdoba.- A unos meses de que el actual periodo legislativo entre a su tercer y último año, crece el descontento ciudadano por la inacción de los representantes de la región en el Congreso, particularmente del diputado local Juan Tress Zilli y del diputado federal Zenyazen Escobar García, señalados por su nulo trabajo para atender problemas que afectan directamente a Córdoba y municipios vecinos; así lo expresó el presidente del Centro de Investigación, Difusión e Implementación sobre Asociaciones Civiles (CIDIAC), Manuel Molina Gómez.
Desde su postura, el activista fue contundente al afirmar que la actuación de ambos legisladores ha sido inútil, pues en casi tres años de encargo no han logrado ordenar ni siquiera el cobro de tarifas del transporte de camiones, un problema que impacta de forma directa a comerciantes, productores y transportistas de la región. Para diversos sectores, la actuación de ambos congresistas se resume en discursos y propaganda política, mientras los problemas reales continúan acumulándose.
Otro de los señalamientos es la falta de voluntad para reformar el artículo 365 del Código Penal de Veracruz, el cual mantiene exclusiones hacia hombres y personas no binarias, una situación que contraviene el principio de universalidad de los derechos humanos. Pese a que el tema ha sido expuesto en distintos espacios, ni el legislador local ni el federal han movido un sólo dedo para corregir la legislación.
A lo anterior se suma el abandono de una escuela ubicada dentro del perímetro del parque 21 de Mayo en Córdoba, inmueble considerado patrimonio nacional por su valor histórico, el cual permanece deteriorado sin que los representantes populares gestionen recursos o impulsen su rehabilitación. La desatención, según críticos, refleja la distancia que mantienen los diputados con las verdaderas necesidades de la población.
Molina Gómez también sostuvo que este tipo de omisiones no corresponden al Ejecutivo federal, estatal o municipal, sino a un Poder Legislativo que, a su juicio, se encuentra cooptado por intereses partidistas y por una obsesión propagandística en torno a los símbolos de su movimiento político. En ese contexto cuestionó incluso si en Córdoba existe una presencia efectiva de la Procuraduría Federal del Consumidor.
Finalmente, el representante de CIDIAC lanzó un llamado a la Presidencia de la República, a la gobernadora Rocío Nahle García y a los alcaldes de comprenden los distritos local y federal para que actúen y no permitan que la región continúe —como señaló— bajo la sombra de dos legisladores a quienes calificó como farsantes y corruptos, refiriéndose nuevamente a Juan Tress Zilli y Zenyazen Escobar García.
