De la Redacción
El Buen Tono
Orizaba, Ver.– Mientras el gobierno municipal de Orizaba suele guardar silencio o limitar el acompañamiento institucional cuando mujeres denuncian violencia de pareja, la reacción fue inmediata cuando la agredida resultó ser una funcionaria pública.
El propio ayuntamiento emitió un comunicado para condenar los hechos ocurridos el domingo 15 de marzo y subrayar que existe “cero tolerancia a la violencia de género”, aunque el caso expone también una omisión previa: durante más de 20 días se ignoró una queja formal por hostigamiento contra comerciantes.
El pronunciamiento oficial contrasta con el documento entregado desde el 6 de marzo de 2026 a la regidora cuarta, Lizbeth Pacheco Osorio, y al regidor segundo, Ricardo Rodríguez Garzón, en el que locatarios del mercado de flores Venustiano Carranza denunciaron el comportamiento de la supervisora Swamy Margarita Peña Sánchez.
En el oficio, los comerciantes señalaron que la funcionaria los amedrentaba, hostigaba y se dirigía con groserías y prepotencia, además de empujar mercancía, provocar que las flores se maltrataran o cayeran al suelo, y amenazarlos con cerrar sus locales. También acusaron que tomaba fotografías de manera cons tante, lo que consideraron una violación a su privacidad.
De acuerdo con los denunciantes, estas irregularidades también fueron reportadas al director de Desarrollo Económico, Rey David Mejía Pliego, sin que se tomaran medidas para frenar lo que calificaron como abuso de autoridad.
La reacción institucional volvió a poner sobre la mesa el doble discurso que organizaciones feministas han señalado en Orizaba. El colectivo Marea Verde de las Altas Montañas ha denunciado en repetidas ocasiones que el Instituto Municipal de la Mujer (IMMO) ha negado acompañamiento legal a mujeres que buscan denunciar violencia de pareja ante la Fiscalía, enviándolas de regreso a sus hogares para “conciliar”, una práctica que —advierten— las expone a seguir siendo agredidas e incluso a un posible feminicidio.
Sobre el caso ocurrido en el mercado, la abogada y activista Karen Castillo consideró que el conflicto pudo haberse evitado si la autoridad municipal hubiera actuado a tiempo. “Las dos estuvieron mal: la señora embarazada por exponerse a una situación de riesgo y la funcionaria por realizar actividades que no son de su competencia”, señaló, al referirse a que fue ella quien actuó como personal de la Policía Vial al mandar a traer la grúa, cuando la falta sólo ameritaba multa. Sin embargo, subrayó que la responsabilidad institucional es evidente. “En el oficio con fecha 6 de marzo hay un señalamiento directo hacia la funcionaria y no hay evidencia de que se atendiera a los comerciantes para llegar a un acuerdo o, por seguridad de ambas partes, cambiarla de área. Si se hubiera atendido inmediatamente, nada de esto hubiera pasado”.
Castillo insistió en que no se trata de discutir quién agredió primero, sino de cuestionar por qué la autoridad ignoró una advertencia formal que pudo prevenir el conflicto. “Ambas tuvieron responsabilidad, pero quien ejerce un cargo público debe actuar con prudencia. Aquí la pregunta es quién debía atender el llamado y prevenirlo”.
