AGENCIA
Estados Unidos.- La política migratoria impulsada por el gobierno de Donald Trump ha intensificado el debate sobre la disponibilidad de mano de obra en el sector agrícola, donde productores enfrentan una creciente escasez de trabajadores, mientras sindicatos y especialistas advierten afectaciones a los salarios y al empleo local.
Durante años, la agricultura estadounidense ha dependido de trabajadores migrantes ante el envejecimiento de la fuerza laboral y el poco interés de jóvenes locales en empleos del campo. Frente a este panorama, funcionarios del gobierno han sostenido que las deportaciones masivas y los cambios en programas laborales permitirán elevar salarios y priorizar la contratación de ciudadanos estadounidenses.
Sin embargo, la realidad en el sector refleja una situación más compleja. Agricultores han respaldado las modificaciones al programa de visas temporales H-2A, argumentando que enfrentan dificultades para contratar mano de obra nacional y que las condiciones económicas hacen inviable prescindir de trabajadores extranjeros.
Datos recientes indican que, aunque solo una minoría de productores reportó pérdidas directas de trabajadores por operativos migratorios, más del 14 por ciento señaló que el endurecimiento de las políticas y el clima de incertidumbre han provocado escasez laboral, cifra que alcanza casi el 20 por ciento en cultivos intensivos como frutas y verduras.
El propio Departamento de Trabajo reconoció que la disminución de trabajadores migrantes, sumada a la falta de mano de obra local, amenaza la estabilidad de la producción agrícola y podría impactar en los precios de los alimentos.
Como parte de las reformas, el gobierno modificó el cálculo salarial del programa H-2A, lo que ha reducido el pago por hora entre uno y siete dólares dependiendo del estado, además de permitir que el alojamiento sea considerado dentro del esquema de compensación. Estas medidas han sido cuestionadas por sindicatos, que advierten una reducción generalizada de ingresos.
La Unión de Campesinos de América alertó que los cambios podrían desplazar a trabajadores estadounidenses y aumentar la vulnerabilidad de los jornaleros extranjeros ante abusos laborales. Especialistas coinciden en que la estrategia podría incentivar una mayor dependencia de mano de obra migrante, en lugar de reducirla.
En el terreno, productores como Bruce Talbott, en Colorado, sostienen que el programa H-2A es esencial para mantener sus operaciones, ya que la disponibilidad de trabajadores locales es limitada. En contraste, trabajadores agrícolas han denunciado pérdida de oportunidades y disminución de ingresos, obligándolos a buscar empleos adicionales.
Actualmente, el número de trabajadores con visa H-2A ha crecido significativamente, alcanzando cerca de 400 mil en 2025, lo que representa alrededor del 15 por ciento de la fuerza laboral agrícola. Paralelamente, se estima que el 40 por ciento de los trabajadores del campo son migrantes sin autorización, mientras que cerca de un tercio son ciudadanos estadounidenses.
Analistas advierten que la política migratoria y laboral del gobierno presenta objetivos contradictorios: reducir la migración, mantener bajos los precios de los alimentos y mejorar las condiciones de los trabajadores locales, metas que, en la práctica, han generado tensiones en el sector.
Mientras tanto, el Congreso evalúa nuevas reformas para ampliar y flexibilizar el programa H-2A, en un intento por responder a las demandas de productores. No obstante, persiste la incertidumbre sobre el futuro del campo estadounidense, donde la falta de mano de obra continúa siendo uno de los principales desafíos.
