AGENCIA
Cancún, Q. Roo.- El anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre la obligatoriedad de pagos digitales en gasolineras y casetas de peaje ha encendido críticas y preocupación entre diversos sectores, que advierten un posible trasfondo recaudatorio y de control financiero.
Durante la 89 Convención Bancaria, la mandataria confirmó que su gobierno busca eliminar el uso de efectivo en estos servicios, obligando a los usuarios a pagar mediante transferencias electrónicas, tarjetas bancarias o aplicaciones móviles.
La medida forma parte de una estrategia nacional impulsada junto con el Banco de México y la banca comercial, bajo el argumento de modernizar el sistema de pagos y reducir el uso del efectivo, que actualmente representa cerca del 80 por ciento de las transacciones en el país.
Sin embargo, especialistas y usuarios han cuestionado la iniciativa, al considerar que podría convertirse en un mecanismo indirecto para aumentar la fiscalización sobre los ciudadanos y facilitar la recaudación de impuestos, al dejar un rastro digital de cada transacción.
A la par del anuncio presidencial, la gobernadora del banco central, Victoria Rodríguez Ceja, informó sobre nuevas disposiciones para simplificar las transferencias electrónicas a través del sistema SPEI, incluyendo reformas regulatorias y lineamientos técnicos que deberán adoptar las instituciones financieras.
Aunque el discurso oficial apunta a facilitar pagos más rápidos y accesibles, críticos advierten que la eliminación del efectivo podría afectar a sectores vulnerables, especialmente en zonas rurales o con limitada conectividad, donde el acceso a servicios bancarios sigue siendo insuficiente.
Además, transportistas y automovilistas han manifestado inquietud por la posible imposición de un sistema obligatorio sin alternativas, lo que podría generar complicaciones operativas, fallas tecnológicas y exclusión de usuarios que aún dependen del efectivo.
El anuncio también se da en paralelo a una estrategia gubernamental más amplia para digitalizar trámites y servicios en todo el país, incluyendo la homologación de procesos administrativos y la creación de ventanillas únicas digitales en municipios y estados.
Para algunos analistas, estas acciones reflejan un intento por centralizar y sistematizar la información económica de la población, lo que podría traducirse en mayor control, pero también en riesgos relacionados con privacidad y dependencia tecnológica.
Mientras el gobierno federal defiende la medida como un paso hacia la modernización, el debate crece en torno a sus implicaciones reales, en un contexto donde la inclusión financiera y la confianza en las instituciones aún presentan importantes desafíos.
¡Se va a paralizar el país! ¿Imagínense en las rancherías que no llega la banca ni el internet?
Obras a los militares, pagos digitales a los banqueros, solo para quedar bien. ¡Vamos bien! La digitalización como un medio de control en una economía donde la mitad es informal. A ver si así amplia la pobre base tributaria que carga el país a unos cuántos.
