Alejandro Aguilar
El Buen Tono
Córdoba. – La actual administración municipal ha dejado de aplicar sanciones por maltrato animal, pese a que existe un reglamento vigente desde 2019 y hay evidencia de que en el gobierno anterior sí se impusieron multas económicas. Respuesta del Centro de Salud Animal (CSA) a solicitud de información revela que en lo que va de 2026 se han recibido seis quejas, pero no se ha aplicado ninguna sanción.
Documentos de la Tesorería Municipal correspondientes a 2025 confirman que sí es posible multar. Los registros muestran dos pagos realizados el año pasado: uno en enero por 543 pesos y otro en junio por 586 pesos, ambos por “multas de Bienestar Animal” derivadas de denuncias por captura de caninos agresivos en vía pública. El marco legal no solo existe, sino que ya ha sido aplicado.
Sin embargo, el titular del CSA, Héctor Espinoza Guillén, justificó la ausencia de multas argumentando que “el reglamento de salud animal no está en función”. La afirmación contrasta con lo señalado por la regidora quinta, Nayibe Sacre González, quien confirmó que el Reglamento de Bienestar Animal “está vigente” desde 2019, aunque reconoció que en la actual administración “no hemos aplicado sanciones económicas”. Mientras tanto, rescatistas independientes reportan decenas de quejas semanales por maltrato y abandono, saturando sus capacidades ante la omisión municipal.
LA EXCUSA Y EL OLVIDO
La regidora Nayibe Sacre admitió que el obstáculo para sancionar el maltrato animal no es la inexistencia del reglamento, sino la falta de voluntad para aplicarlo. A esto se suma la precariedad operativa del Centro de Salud Animal (CSA), que al asumir el cargo no contaba con unidades para atender quejas —la única asignada está en malas condiciones—, sólo tiene 10 de 60 jaulas operativas y el edificio se encontró deteriorado.
Con un reglamento vigente, antecedentes de multas aplicadas y una ciudadanía que reporta el maltrato, la omisión de la actual administración no encuentra justificación legal, sólo burocrática, mientras los trabajadores del CSA enfrentan contextos de violencia por parte de maltratadores, por lo que se ha solicitado apoyo de Protección Civil y Seguridad Pública.
