Agencias
EU.- El gobierno de Estados Unidos solicitó a un tribunal federal de Nueva York que rechace la apelación presentada por el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, quien fue condenado en 2024 por delitos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada.
A través de un documento de más de 100 páginas, el Departamento de Justicia sostuvo que las pruebas presentadas durante el juicio fueron contundentes y demostraron, “más allá de toda duda razonable”, que el exfuncionario colaboró con el Cártel de Sinaloa a cambio de millonarios sobornos. El escrito, firmado por fiscales del Distrito Este de Nueva York, subraya que la evidencia incluyó testimonios, documentos y análisis financieros que acreditan su participación en actividades ilícitas.
García Luna fue declarado culpable en febrero de 2024 tras un juicio de cinco semanas en Brooklyn, y posteriormente condenado a 38 años de prisión por el juez Brian Cogan. Actualmente, permanece recluido en una prisión de máxima seguridad en Colorado, con fecha estimada de liberación en 2052.
En su apelación, la defensa argumentó irregularidades en el proceso, como presunto perjurio de testigos, limitaciones en los contrainterrogatorios y falta de acceso a pruebas clasificadas. Sin embargo, la fiscalía rechazó estos señalamientos, asegurando que se cumplió con los estándares legales y que incluso se proporcionó acceso a más de un millón de documentos a la defensa.
Además, los fiscales calificaron como “errores menores” las inconsistencias señaladas por los abogados del exfuncionario, al considerar que no afectan la credibilidad de los testimonios ni el fondo del caso. También defendieron la presentación de evidencia sobre el patrimonio de García Luna, al considerarla clave para demostrar el enriquecimiento derivado de actos de corrupción.
El Departamento de Justicia también señaló que existen pruebas de que el exfuncionario intentó sobornar a internos en prisión para manipular testimonios a su favor, lo que refuerza la solidez de la condena en su contra.
La defensa cuenta ahora con un plazo de 21 días hábiles para responder a los argumentos de la fiscalía. Posteriormente, la Corte de Apelaciones podría programar audiencias orales antes de emitir una resolución definitiva, la cual podría confirmar la sentencia, ordenar un nuevo juicio o, en un escenario menos probable, revocar la condena.
