AGENCIA
CDMX.- Ciudad de México.- La reciente decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que revocó las sanciones impuestas a la ministra Lenia Batres Guadarrama por el Instituto Nacional Electoral (INE), ha generado cuestionamientos sobre la solidez de las reglas electorales y la imparcialidad de las autoridades judiciales.
Con un solo voto en contra, emitido por el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, la mayoría de la Sala Superior avaló el proyecto impulsado por el magistrado presidente Gilberto de Guzmán Bátiz García, quien además fue electo en el mismo proceso judicial, lo que ha encendido alertas sobre posibles conflictos de interés.
El fallo dejó sin efecto las sanciones económicas que el INE había impuesto a Batres, tras determinar que no se deslindó adecuadamente de la difusión de publicidad pagada en redes sociales durante la campaña de la elección judicial, práctica expresamente prohibida.
Sin embargo, el tribunal consideró suficiente una carta de deslinde presentada por la ministra, bajo el argumento de que la sanción era “desproporcionada” y que el INE no realizó un análisis individualizado de los contenidos.
Esta resolución ha sido señalada como un precedente preocupante, ya que abre la puerta a que aspirantes a cargos públicos evadan responsabilidades mediante simples documentos, sin necesidad de demostrar de forma contundente su desvinculación de recursos ilícitos o propaganda irregular.
El caso revive las irregularidades detectadas durante la elección judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, en la que, pese a la prohibición expresa de contratar publicidad, se documentaron campañas con financiamiento millonario en redes sociales.
Lejos de fortalecer la legalidad, la decisión del TEPJF podría debilitar la credibilidad del sistema electoral, al validar una práctica que, en los hechos, permite simular cumplimiento de la ley mientras se toleran posibles violaciones a las normas.
Analistas advierten que este tipo de resoluciones envían un mensaje de permisividad y reducen la capacidad del árbitro electoral para sancionar conductas indebidas, dejando en entredicho la equidad de los procesos democráticos en el país.
¡Y así será en adelante! Todas las fechorías que hagan los cuatreros serán perdonadas por las instancias correspondientes, ya que sus integrantes son personeros del régimen.
¡Se acabó la justicia! El tribunal no es otra cosa, que un oficialía de partes de Morena a su servicio y sumisión, ¡un vergüenza mundial!
